Que no admite o merece tacha, tal es la definición del Diccionario de la Lengua Española, del término “intachable”. Aunque parezca obvio, comprensible y hasta sobreentendido, no parece quedarle claro su significado a la Comisión Postuladora de Fiscal General, que reveló, el viernes último, que aún no define un criterio sobre la implicación de objeciones o “tachas”, objetivamente analizadas, en la ponderación de perfiles de aspirantes. En otras palabras, todo un grupo de decanos de todas las universidades del país, licenciados en ciencias jurídicas, sabedores del peso de la legalidad, pero también de la ética en el desempeño de un profesional del derecho, no saben qué hacer respecto de  indicios que ponen en tela de juicio la intachabilidad de personas.

La Comisión de Postulación no es un tribunal y, por ende, no define la culpabilidad de una persona señalada. Sin embargo,  quienes presentaron papelería para aspirar a fiscal general lo hicieron de manera voluntaria,  conociendo la necesidad un perfil de alta honorabilidad, sometiéndose por ello al escrutinio público y con la aceptación tácita de la evaluación colegiada fijada por ley.

Una abogada cuya tesis de doctorado es señalada de tener contenidos literalmente copiados de otra, sin cita de autor y que no fue cuestionada  por laxitud o descuido de la postuladora anterior, quizá tuvo suerte. Pero una vez difundida esta situación, de implicación ética y legal, no debe ser obviada.   La postuladora  actual recibió objeciones contra aspirantes  señalados de oscuros nexos; algunas se admitieron y otras   se rechazaron con ligereza bajo el pretexto de que se documentaron con   noticias publicadas. ¿Qué querían, una condena firme o una confesión de quien  se texteaba con el operador político Gustavo Alejos?

No está de más recordar que fue en un ente similar, otra postuladora, en donde se documentaron negociaciones subrepticias, ilícitas, entre operadores, diputados y postuladores interesados  en prolongar el sistema de intercambio de  favores. Fue así como se destapó el caso de Comisiones Paralelas, una exhibición de abyectos acuerdos y encuentros desfachatados para tratar de configurar una Corte Suprema de Justicia calcada de la que sigue ocupando los cargos en tiempo extra.

Nadie está señalando a ningún integrante actual de la Postuladora de tales imprudencias. Existe una aceptación de buena fe sobre las acciones y decisiones de los comisionados. Tienen —todavía— el beneficio de la duda. Pero alargar la ambigüedad sobre lo que se hará con las objeciones solo alimenta las sospechas y robustece la desconfianza. Guatemala no está para tolerar tibiezas, nimiedades o pactos sobre la mesa.  Y si alguien sabe de cualquier tipo de mensajes, conminatorias o incluso ofrecimientos exógenos, debe denunciarlo.

Si la Comisión de Postulación no sabe aún qué hacer con las objeciones que no logren ser desvanecidas o aclaradas, la solución es muy simple: esa persona queda fuera de la convocatoria. No será capturada ni entrará a un proceso judicial, pero los estándares de selección deben superar omisiones, descuidos o permisividades previas.  No puede haber un fiscal general que aspire a cumplir sus obligaciones con excelencia —no se puede exigir menos— si tiene evidentes conflictos de interés. No puede haber un fiscal cuyo nombre haya aflorado en pesquisas.   Señores postuladores, actúen con seriedad y sin miramientos. La nómina que entreguen será a su vez la tabla de gradación de la calidad de los decanos que tiene el país.