La próxima Corte Suprema de Justicia tendrá la tarea de desarrollar, plantear e implementar un proceso de reforma del sector judicial, a fin de modernizarlo, mejorar su eficiencia y despolitizar su designación; los magistrados de las próximas cortes de Apelaciones serán quienes deban resolver recursos que busquen revocar sentencias por casos de corrupción o incidir en procesos judiciales en curso, con lo cual estarán bajo el asedio de grupos y personajes que históricamente buscan traficar influencias o cobrar favores. En ambos procesos, que corren paralelos en estos días, hay riesgos de infiltración de figuras afines a sectores dudosos o bien peligro de reelección de magistrados que ya han demostrado de sobra su venalidad.

Es por ello que, aun con el pleno reconocimiento del carácter laico del Estado, resulta necesario, valioso y todavía oportuno el pronunciamiento conjunto efectuado ayer por obispos católicos y líderes evangélicos acerca de la necesidad de transparencia, recto juicio y una valoración integral de los perfiles de aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones, tarea que ayer comenzó en las comisiones postuladoras, a las cuales solicitaron la aplicación de criterios rigurosos, con visión de futuro.

Cabe anotar que esta declaración pudo llegar con mayor antelación para optimizar su impacto, sobre todo entre aquellos postuladores que profesan alguna religión y, por ende, responden a una jerarquía de valores que debe extenderse a toda su vida práctica y no solo a las actividades confesionales. Es probable que el detonante del comunicado haya sido observar el comportamiento discrecional de postuladores que excluyeron a ciertos participantes por requisitos irrisorios pero dejaron entrar a otros con poca o nula experiencia en la administración de justicia, o bien a magistrados que buscan seguir en el aparato de justicia pese a su claro favoritismo hacia grupos oscuros.

Ninguno de los postuladores puede alegar ignorancia de las vulnerabilidades a las cuales está expuesto el sistema de justicia del país; no pueden hacerse de la vista gorda ante los obvios intentos de politiqueros, traficantes de influencias y mafias de colocar a figuras afines en magistraturas para, desde ahí, manipular casos, incidir en procesos y poner piedras de tropiezo a la aplicación de la ley. Es probable que haya personajes que no debieron postularse pero insisten en probar suerte; así también hay otros que propugnarán aviesamente por la elección de determinados individuos de dudosa reputación, pero también es seguro que entre las decenas de aspirantes hay profesionales íntegros, dignos y dispuestos a cambiar el horizonte del Organismo Judicial y sus numerosos retos.

La justicia es un derecho humano individual y colectivo. No debe ser campo de ensayo ni mesa de juegos de poder, sino un espacio de aplicación del orden jurídico. Los intereses políticos, los extremismos ideológicos y los amiguismos no deben tener cabida en los tribunales. Las componendas ilícitas deben quedarse como un capítulo lamentable del pasado. Si bien es cierto que a partir de los listados la elección final corresponde al Congreso de la República —de hecho, a una legislatura cuestionada por sus pactos de impunidad—, los postuladores tienen en sus manos desde ya dejar fuera a todos aquellos aspirantes que esperan colarse por un golpe de suerte, por haber cubierto las apariencias o por un favor que más adelante será cobrado con creces al pueblo de Guatemala.