No la tendrá fácil el Pacto de Corruptos en su ofensiva para violentar el estado de Derecho, y por más que se estén dando pasos apresurados para consolidar un régimen de impunidad no podrán salirse con la suya, aunque cerebros perversos les hagan creer lo contrario, ante el sometimiento de la mayoría de las instituciones.

Ayer, de manera ilegal y preocupante, el Congreso continuó el proceso de antejuicio contra los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que legalmente han puesto en su lugar al presidente Jimmy Morales en su personal confrontación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y un efecto inmediato en favor de sus parientes se dio ayer, cuando el juez Jaime González Dávila desligó a la Cicig del proceso por corrupción que se sigue contra el hijo y un hermano del mandatario.

Pocas horas después, el Congreso integró la comisión pesquisidora que deberá determinar si procede despojar de inmunidad a magistrados de la CC, un proceso para el cual dicho organismo no cuenta con el respaldo legal, aunque eso, como también lo han demostrado los presidentes de los más altos organismos del Estado, es lo que en la práctica menos les importa.

Una de las primeras reacciones, de muchas que sin duda alguna vendrán en los próximos días, se produjo ayer en Estados Unidos, cuando 47 congresistas firmaron una carta para pedir al presidente Donald Trump cortar la ayuda e iniciar sanciones contra el gobierno de Jimmy Morales, por sus claros esfuerzos por desbaratar la lucha contra la corrupción.

La reacción de los legisladores conmina a la Casa Blanca a actuar de inmediato para evitar una “mayor desestabilización” de Centroamérica, de donde en los últimos días volvió a partir una caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos, sin que los gobernantes de los países del Triángulo Norte puedan evitarlo, ni mucho menos plantear respuestas, como lo ha reclamado de manera airada el gobernante estadounidense.

También ayer, el Congreso guatemalteco inició la discusión de una ley de reconciliación nacional que, de inmediato, provocó reacciones adversas, por ser otra iniciativa inconstitucional que pondría a Guatemala en pugna con organismos internacionales. Expertos de Naciones Unidas pidieron a los legisladores abstenerse de seguir adelante con la discusión de dicha normativa, ante compromisos internacionales contraídos.

Guatemala no atraviesa por su mejor momento, y todo parece indicar que la testarudez del Pacto de Corruptos continuará adelante, a pesar de avanzar contra la corriente y desafiar el más elemental sentido común. Esto ocurre porque dentro de los tres poderes del Estado, y de quienes han financiado este modelo, ha cundido el pánico ante el avance de la justicia, y por ello se busca desbaratar dichos esfuerzos, aunque ello tenga alto costo para el país.

La solicitud planteada por los congresistas estadounidenses es la primera de muchas reacciones adversas que vendrán contra el país, y por ello fueron enfáticos en sus demandas: “Acciones firmes ante la violación del estado de Derecho”, y que así como se han tomado medidas contra funcionarios de alto rango de Nicaragua y Venezuela, ahora se haga también contra quienes en Guatemala favorecen la corrupción y la impunidad, aplicándoles la Ley Magnitsky.