Sin restar un ápice de gravedad y lesividad a las agresivas acciones del Ministerio Público en una aparente intentona de socavar los comicios, en detrimento del Tribunal Supremo Electoral, en abusivo irrespeto a la voluntad ciudadana y en contra del partido ganador de la segunda vuelta electoral con 2.4 millones de sufragios, se debe subrayar la impostergable necesidad de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, comience a perfilar sus discursos, iniciativas y acciones alrededor del concepto fijado en la Constitución de la República: representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República.

Las acciones judiciales en contra del futuro partido de gobierno y tácitamente contra Arévalo han sido cuestionadas de forma y fondo, dentro y fuera del país. El repudio es generalizado y el llamado multisectorial es el de respetar la decisión de la ciudadanía. Cualquier posible procedimiento sancionatorio contra este u otros partidos debe estar a cargo, por elemental lógica, de la Fiscalía de Asuntos Electorales, y solo puede abordarse después de la conclusión oficial del período eleccionario y luego de un debido proceso ante el Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad de la materia.

Las prisas oficiosas, los allanamientos armados y, sobre todo, la violación de cajas con sufragios a partir de una anodina denuncia anónima son precedentes lamentables que deberán ser sujeto de análisis jurídico y eventualmente judicial, por tener indicios de ser atentatorios —con lujo de poder— contra el orden político de la Nación. Sin embargo, los resultados están oficializados y reconocidos por todo el mundo, excepto por unos cuantos negacionistas que parecen vivir una realidad alterna o en una novela negra de cuartelazos dictatoriales.

Con la certeza de que fue electo por el pueblo, como lo manda la Constitución, Bernardo Arévalo debe retomar cuanto antes el proceso de transición. Si bien presentó algunas sugerencias metodológicas, estas no deberían constituir un obstáculo, sino una primera posibilidad de negociación en favor de la unidad nacional y de la continuidad de las labores del Ejecutivo. Ni siquiera tiene que congeniar con el mandatario saliente, Alejandro Giammattei Falla, pues el relevo puede darse de manera profesional, asertiva y con requerimientos claros de información acerca de la situación del Estado que recibe.

Sin atentar contra su garantía de Libre Emisión del Pensamiento, el presidente electo debe evitar caer en declaraciones confrontativas que parezcan sectarias o que generen innecesarias dudas. Está por delante la discusión del presupuesto con el cual empezará su gobierno y, dada la minoría de su bancada, urge hallar puntos de encuentro. Claro, también se requiere de una altura política y cívica del resto de bancadas, incluyendo el actual oficialismo y su rival de balotaje, la Unidad Nacional de la Esperanza, que aún no reconoce la derrota pero no le queda más remedio, para no quedar en papel de saboteadora o resentida.

Los llamados del Parlamento Europeo y de la Organización de Estados Americanos para regresar a la mesa de transición resultan providenciales. El país necesita certeza y también el cese de la polarización. Hay 2.4 millones de razones para que Arévalo asuma el liderazgo ético de la continuidad para emprender los planes propuestos y enfrentar las expectativas creadas del 14 de enero de 2024 en adelante. Cualquier otro extremismo, polarización o terrorismo judicial serán detectados y repudiados por la misma ciudadanía guatemalteca.