El compromiso público de no gastar más de Q94 mil millones del Presupuesto 2021, anunciado por el presidente Alejandro Giammattei la semana pasada, cuando aseguró que se destinarán fondos suficientes para la vacunación contra el covid-19 y para atender la reconstrucción por las tormentas Eta e Iota, es un razonable primer paso para que el país avance en la recuperación económica y pueda hacer frente a las dos emergencias que lo azotaron en el último año.

Ante el hecho de que el presupuesto vigente es de Q107 mil millones, un segundo paso debería ser que el Ejecutivo presente la iniciativa al Organismo Legislativo con el fin de generar un clima favorable a la inversión, que se refleje en confianza y certeza para la población y los mercados financieros nacionales e internacionales.

Negociar con un Congreso donde una buena parte de diputados actúan por interés propio y a cambio de ventajas económicas, a través de plazas o favores políticos, podría no ser la mejor idea, pero desde el punto de vista técnico y de transparencia fiscal, lo apropiado es que las propuestas de reformas lleguen al Legislativo y que se sometan a un proceso de discusión y aprobación, conciliando los distintos intereses nacionales, de cara a la ciudadanía.

Como lo han señalado especialistas y diversos sectores económicos, existe una verdadera necesidad de reducir el déficit para proyectar en el tiempo y con parámetros reales la recuperación de la sostenibilidad fiscal y el desempeño macroeconómico. Sin embargo, una propuesta que ni el mismo Ministerio de Finanzas conoce a detalle deja a total discrecionalidad las modificaciones al gasto de cada dependencia del Estado.

Por ello, es imprescindible someter al escrutinio ciudadano, y sobre todo a la revisión de las mesas técnicas, el orden de prioridades del gasto público que se reflejará en los nuevos techos presupuestarios por entidad, y su detalle por programa.

El Ejecutivo no debe desatender lo recomendado por la misión de la Organización de Estados Americanos solicitada por el propio mandatario, y que en principio recomienda a las autoridades del Ejecutivo trabajar en conjunto con la sociedad civil en el proceso de formulación del plan de desarrollo y presupuestario, e incluir mecanismos de veeduría ciudadana en la implementación de compromisos que se acuerden desde los diferentes niveles de gobierno.

Asimismo, hay que asegurar que las modificaciones realizadas al Presupuesto 2021 atiendan las prioridades de los sectores más vulnerables de la población. Claro está, que en caso de que la iniciativa llegue al Congreso, también es preciso establecer procedimientos transparentes para el debate y aprobación de dicho Presupuesto.

La decisión está por completo en el campo político y el presidente Giammattei y sus asesores cercanos sabrán medir las consecuencias de sus decisiones políticas y el costo que representaría no escuchar los llamados que llegan desde diversas instancias. Arriesgarse a un nuevo desgaste arrastra la sombra de las protestas de noviembre pasado, que por dudosas circunstancias aún no han sido aclaradas por las autoridades competentes, pese a que derivaron en sospechosos actos de violencia, innecesaria en un país urgido de avanzar en el camino correcto.