Estados Unidos
EDITORIAL
Primer saboteo diputadil a la iniciativa antilavado
La 6593 debería ser aprobada en el primer período de sesiones.
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En medio de tantas angustias ciudadanas por el encarecimiento de combustibles, las amenazas de alzas adicionales a las que ya se consumaron en los mercados, quizá alguien dijo: “¿Quién lo va a notar?”. Y, en efecto, fue notorio. Hay muchos diputados y diputadas expertos en lavado de manos. Declaran apoyos que después no refrendan, fingen estar activos y de pronto son invisibles, se interesan en la plenaria cuando les conviene el show y, después, se desmarcan de la palabra dada, posponen el compromiso adquirido —quizá por desidia o por subrepticio conflicto de intereses—. No se sabe a qué juegan, pero esto no es un juego.
En micrófonos y las tarimas, numerosos congresistas afirman que apoyan la lucha contra las mafias, pero sus acciones, omisiones y nexos los delatan. Creen que la ciudadanía no tiene tiempo para fijarse en eso. Pero esa puesta de contradicción, displicencia y sabotaje saltó a la vista en la plenaria del martes 17 de marzo. Después de juramentar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de oficializar la nómina de la siguiente magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), los legisladores avalaron un aumento de pensiones —pagadas con dinero de todos los ciudadanos— a afiliados del Instituto de Previsión Militar (IPM). Tal vez sea una medida necesaria, pero que debería ir acompañada de planes para sacar a esta entidad de su recurrente coma financiero, transparentar las inversiones y asegurar la rendición de cuentas de sus encargados. En fin, lo avalaron.
Pero los acuerdos de instancia de jefes de bloques incluían también la primera lectura de la iniciativa 6593, que propone crear la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y contra el Financiamiento Terrorista. Era un simple trámite escuchar lo que dice la iniciativa. Pero, después de avalar la inyección al IPM, se desarmó el quorum en pocos minutos.
Al efectuar el recuento, ya no había 80 legisladores en el hemiciclo. Es decir, no fueron ni dos ni tres. Ni el presidente, Luis Contreras, ni nadie de la Junta Directiva hicieron el mínimo esfuerzo por llamar a la permanencia y abordar el último punto. La plenaria empezó con 40 minutos de retraso y terminó después de apenas dos horas y 42 minutos. Vaya forma de ganarse el sueldo con todo y sobresueldo lesivo. Y eso que son varias las bancadas que supuestamente apoyan la actual agenda estratégica de seguridad de Estados Unidos, lo cual incluye el combate al narcotráfico y a sus intentos de infiltración en estamentos del Estado, que a su vez toca los financiamientos sucios a candidaturas y actividades de propaganda.
La iniciativa 6593 constituye un ariete largamente relegado y urgente para ampliar los controles sobre múltiples actividades que podrían prestarse al blanqueo de capitales dudosos, no solo del narco, sino de extorsiones, trata de personas, contrabando y corrupción. La pregunta obligada es: ¿de qué lado están los diputados, las bancadas y las respectivas dirigencias partidarias? ¿Cuáles son los motivos reales de prolongar la dilación en el procesamiento de la iniciativa que de por sí estuvo seis meses sin avance?
Ya se habla de algunas “enmiendas”, aún no develadas, por parte de ciertos congresistas. Ojalá sean para ponerles más dientes y no para quitárselos. Ojalá sean objeto de discusión seria y no de componendas arteras para socavar una norma que es requisito internacional. Para nadie es un secreto el transfuguismo de exintegrantes de partidos hoy cancelados por sus financiamientos ilícitos, que ya están en busca de nuevos cascarones electorales que podrían beneficiarse de sus apoyos. La 6593 debería ser aprobada en el primer período de sesiones. Si se intenta retrasarla hasta agosto, cuando hay otras pugnas, ya sería otro sabotaje.
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