Editorial
Primera acción robusta contra yugo acevedista
Para el gremio magisterial, esta puede ser una oportunidad de renovación y desarrollo.
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Durante demasiados años, a cambio de apoyos politiqueros de conveniencia y con el mayor costo posible para el país —el futuro del estudiantado infantil y juvenil comprometido a la conveniencia de una directiva sindicalista estatal prepotente, miope y venal— se mantuvieron, en un secreto a voces, las potestades cedidas al dirigente Joviel Acevedo para decidir sobre asuntos que solo competen a los mandos del Ministerio de Educación: entiéndase, criterios de evaluación de rendimiento, injerencia en medidas disciplinarias y otorgamiento de plazas. Tales poderes paragubernamentales, avalados por previos gobiernos en el pacto colectivo del magisterio —negociado y renegociado en secreto—, le conferían un poder casi omnímodo y, por ende, obviamente ilegal.
La Corte Suprema de Justicia anterior avaló en septiembre la negociación del pacto a espaldas de la ciudadanía, al denegar un amparo en contra de tan absurdo secretismo. El 7 de enero último, la Corte de Constitucionalidad —a través de un amparo— ordenó a la actual CSJ, que asumió en octubre del 2024, conocer de nuevo la objeción a la negociación confidencial: un cómodo espacio para beneficiar a los acevedistas. No se le puede llamar sindicato porque tanto las actitudes de los pretorianos alrededor del dirigente como los mecanismos para la elección y toma de decisiones no corresponden a un sistema democrático, público y transparente.
Sin embargo, 114 días después, la Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Teódulo Cifuentes, ha resultado ser anodina e indiferente ante esta necesidad nacional de certeza jurídica para cortar un continuado abuso de poder consentido por sucesivos mandatarios desde hace más de tres lustros.
Esta es la primera acción y decisión fuerte, agresiva y definida de este gobierno en el plano de la educación pública. Quizá debió comenzar por allí desde el inicio mismo de las conversaciones para renegociar dicho pacto, que hasta sugerente nombre tiene para exhibir su carácter opaco, lesivo y de todos modos oneroso. El movimiento de ofrecer un aumento de 5% representa también una carga más para el erario, pero se lo quita al dirigente como argumento promocional. Seguramente tratará de revertir la medida y amenazar con salir a las calles. Pero si le echa a perder el incremento a su gremio, ¿para quién trabaja?
Quizá el error de la conferencia de prensa gubernamental de ayer haya sido “anunciar” la interposición de recursos de inconstitucionalidad en contra de ciertos artículos del Pacto. Debieron decir: en este momento se están presentando acciones en el máximo tribunal. En todo caso, habrá que ver en cuánto tiempo las presentan, cuánto le lleva a la CC evaluarlas y qué dirección tome la resolución provisional.
Para el gremio magisterial, esta puede ser una oportunidad de renovación y desarrollo, para empezar a librarse de una férula demasiado caudillista e intolerante a cualquier crítica. Cabe “agradecer” al gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, entre 2008 y 2012, haber regresado al profesor Joviel Acevedo a su puesto cuando ya prácticamente estaba fuera del sistema educativo por un fallo judicial, a causa, entonces, de su incomparencia a trabajar. Subsiguientes partidos, como el extinto Patriota, el casi extinto FCN-Nación y el recién pasado Vamos, se llevaron de la mano con esta dirigencia a cambio de concesiones como las mencionadas y otras aún desconocidas debido al secretismo vigente. ¿Qué espera la CSJ para romper esta cláusula abyecta? ¿Otros 15 años de gobierno ministerial paralelo?
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