Primera consecuencia de salario mínimo 2025
Es tiempo de que los gobiernos y el Estado en su conjunto dejen de jugar al benefactor para convertirse en promotores del desarrollo integral.
El Estado no produce riqueza, solo la grava, la cobra y la consume; y para más agravante, esta utilización del recurso público ocurre de manera ineficiente, opaca y discrecional. El Estado de Guatemala está obligado a proveer las condiciones necesarias de seguridad, certeza jurídica e infraestructura pública de calidad para que los ciudadanos, las comunidades, los trabajadores y los empresarios de todo tamaño puedan generar la riqueza necesaria que permita equiparar e incluso superar la productividad de otras naciones en un entorno comercial interconectado, globalizado y altamente competitivo.
Según el artículo 118 constitucional, el Estado de Guatemala está obligado a orientar la economía nacional hacia el incremento de riqueza, a fin de lograr “pleno empleo”. Sin embargo, es precario el estado de la infraestructura de comunicación vial, vital para el comercio, la industria, la producción agrícola y la exportación; además, la delincuencia asedia a vehículos comerciales y el transporte de carga, y, por si fuera poco, se vulnera la certeza jurídica a través de ineficiencias en trámites, mora en la resolución de controversias judiciales y la imposición arbitraria de condiciones que encarecen costos y, por ende, atentan contra la creación de empleos plenos.
Un aumento de 10% a la paga mínima del 2025 fue decretado por el presidente Bernardo Arévalo el 23 de diciembre, sin base técnica, de manera unilateral y totalmente fuera de los diálogos de la Comisión Nacional del Salario. El sector empresarial y varias entidades de análisis señalaron la inconveniencia de tal incremento porque encarece la producción, atenta contra la eficiencia competitiva del país y solo uno de cada tres guatemaltecos tiene un empleo formal. En estas condiciones, el sueldo mínimo se convierte en lastre, sobre todo para pequeñas empresas.
Un primer efecto tangible de esta medida es el anuncio de la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga de que aumentará un 15% sus tarifas a causa del alza en el precio de lubricantes e insumos de funcionamiento, el costo del deterioro de vehículos y horas hombre por mal estado de vías, el gasto en seguridad para el transporte de mercancías y el aumento del salario mínimo, que pone en jaque la sostenibilidad de muchos agremiados, pues añade gastos adicionales. Prácticamente no hay ningún artículo de consumo diario que no precise del transporte de carga, en alguna o varias fases de producción, distribución o puesta en punto de venta, empezando por el traslado de materias primas, nacionales o importadas.
Es tiempo de que los gobiernos y el Estado en su conjunto dejen de jugar al benefactor para convertirse en promotores del desarrollo integral, que dejen de pretender ser salvadores de la clase trabajadora para pasar a ser facilitadores de la generación productiva. Cabe señalar que en la Comisión Nacional del Salario participan dirigentes sindicales desfasados que usualmente disfrutan de prebendas a espaldas de aquellos que dicen defender pero terminan perjudicando en conjunto.
Está demostrado que un incremento por decreto al salario no mejora la economía ni el bienestar de las familias, porque socava la competitividad e impacta en los precios, no por antojo de nadie, sino porque así funciona la economía. Ni siquiera Trump puede regresar el cinturón del acero de EE. UU. a sus tiempos dorados a mediados del siglo XX. Tampoco aquí se puede pretender que un sueldo antojadizo elimine la pobreza o la reduzca. Es tiempo de evolucionar e impulsar salarios por productividad, por diferenciación geográfica, y mejorar las condiciones competitivas para que el ingreso no dependa de un impredecible decreto anual.
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