Irresponsabilidad, indolencia e incuria se yuxtaponen en el actuar de la actual legislatura, que ha relegado todos y cada uno de los temas verdaderamente fundamentales para el desarrollo, la transparencia y el estado de Derecho, comenzando por el burdo abuso de retrasar maliciosamente —no se explica de otra forma— la designación de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, en un atraso que suma ya 30 meses, la mitad del período que deberían estar cumpliendo los titulares electos.

No se le dio la gana al señor Allan Rodríguez en los primeros dos años del oficialismo vamosista, y a tres meses de haber asumido es claro que le resulta indiferente el asunto a la actual presidenta Shirley Rivera, que prefiere figurar en inauguraciones de pequeños proyectos en municipios como Villa Nueva y no emprender el proceso adeudado. Vanas fueron las invocaciones teocráticas que hiciera en su toma de posesión, con las cuales reclamaba respeto al designio de su elección, pero sin honrar el compromiso moral implícito que va más allá del legalismo.

Es una vergüenza para los diputados que hayan transcurrido dos años y medio de plazo extra de la vieja CSJ, marcada por el contubernio de los partidos Patriota y Líder, extintos, pero con adláteres y allegados que se insertaron en otros vehículos electoreros y bancadas integrantes de la alianza oficialista. Elegir magistrados no es el único adeudo afrentoso, han sido incapaces de discutir una nueva Ley de Servicio Civil, de formular una Ley de Contrataciones que garantice agilidad y transparencia, o de proseguir las reformas electorales, obviamente porque no les conviene a diputados contratistas, traficantes de favores o vinculados con sombríos grupos y narcopartidos.

Antes de irse al receso de medio año, que suena a broma de mal gusto debido a su pésimo rendimiento, los diputados quieren aprobar de manera oficiosa y ávida un nuevo crédito de US$500 millones, equivalentes a Q3 mil 827 millones 995 mil al cambio de hoy, cuyo destino ni siquiera está especificado. En su usual terminología eufemística, el Ejecutivo anunció semanas atrás que se trataba de un fondo para sustitución de deuda para lograr intereses más bajos; sin embargo, ahora se dice que se trata de un “apoyo presupuestario”, y con esas ambigüedades se lavará las manos, aunque ya haya pasado Semana Santa.

Para más señales, la instancia de jefes de bloques acordó comenzar la discusión de dicha deuda sin escuchar las opiniones técnicas de las autoridades tributarias y de Finanzas, que deberían ser voces de cordura y responsabilidad. Aunque lo fueran, en su desbocada carrera preelectorera, las bancadas clientelares simularán discusión para darle de nuevo la espalda a la ciudadanía, con el pretexto manido de atender sus necesidades. ¿Las de quién?

Este proceso de aprobación de nueva deuda debería marcar la diferencia entre los cómplices de una nueva rapiña clientelista y aquellos que busquen colocarse del lado de la prudencia y el sentido común. Las abstenciones no sirven, tampoco los silencios o las posturas a medidas. Si el Ejecutivo fue incapaz de dar un mejor uso a los Q12 mil millones que tenía en caja al inicio del año, nada puede asegurar un mejor aprovechamiento para la cuarta parte de tal monto. Todavía no se sabe cómo se ha empezado a usar el botín de Q3 mil millones de ampliación de gasto otorgada al Ministerio de Comunicaciones aprobado hace apenas un mes, y ya van por otro aún más oscuro.