Las recientes denuncias de plazas dudosas, compras marcadas por posible sobrevaloración o medicamentos adquiridos por el Estado que no cumplían con los estándares de confiabilidad son solo una pequeña muestra de la necesidad de retomar, reforzar y sistematizar el combate a toda forma de corrupción, ya sea fraudes, sobornos, comisiones, contrataciones clientelares, adjudicaciones opacas o ejecución deficiente de obras, todas acciones ilícitas que pueden equipararse con vulgares asaltos cometidos contra el pueblo de Guatemala.

Durante décadas se han configurado perversas ideas que se han acentuado peligrosamente a causa de la impunidad y disfuncionalidad de los controles de transparencia: que el erario se encuentra a disposición de los caprichos de las autoridades de turno, que es mejor conformarse con algo de obras aunque sea a cambio de sobrecostos o que la ciudadanía se encuentra inerme ante los abusos de quienes detentan el poder. En los tres casos se trata de erróneas suposiciones que merecen ser corregidas en el imaginario ciudadano, en el quehacer diario de las instituciones y en el rigor de los controles, pesquisas y eventual aplicación de justicia a los transgresores.

Es oportuno y valioso el pronunciamiento del embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, al señalar que su gobierno monitorea atentamente las acciones de los diputados al Congreso de la República, 60 de los cuales provienen de la cuestionada legislatura pasada y entre quienes se cuentan exconvictos, sindicados de delitos, antejuiciados que mantienen la inmunidad gracias a extraños fallos de pesquisidores y oficiosos saboteadores de iniciativas en favor de la eficiencia del Estado y de una mejor cuentadancia.

Arreaga subraya la urgencia de aprobar leyes de fomento económico que hagan viables nuevas inversiones para crear mejores condiciones de competitividad. Obviamente, esto debe ir acompañado de un entorno nacional en el que prevalezcan la estabilidad, la certeza jurídica y la institucionalidad democrática, factores en los cuales se combinan las acciones programáticas del Ejecutivo, una agenda integral en el Congreso y el Organismo Judicial libre de injerencias políticas.

Este criterio de exigencia de rectitud, apego a las leyes y rigor ético reviste especial importancia respecto de la labor de las comisiones de postulación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, dentro de las cuales existen grupos que abierta o veladamente se han convertido en promotores de la mediocridad, embajadores del tráfico de influencias y alfiles de operadores políticos que buscan avasallar al Organismo Judicial con una férula de conveniencias que relega las necesidades de la República en favor de aviesos intereses.

El camino de la dignificación de los estamentos del Estado solo puede emprenderse con la actitud participativa de la ciudadanía, con la reingeniería del aparato público y del servicio civil, con la erradicación de deleznables prácticas de compadrazgo, nepotismo, irresponsabilidad y secretismo, las cuales plagaron el anterior período y se extendieron hasta el último día bajo la forma de nombramientos atropellados, concesiones sospechosas y adquisiciones onerosas de última hora. El nuevo gobierno en sus primeras dos semanas emprendió tareas de desinfección administrativa que deberán convertirse en denuncias sustentadas en el Ministerio Público y mecanismos de control interno, para que no se repitan más.