En la batalla contra la corrupción no puede haber ambigüedades ni puede existir el lujo de transigir con prácticas cuestionables que pusieron al poder público al servicio de los jerarcas de una estructura partidaria. Un caso solitario podría ser el intento de un grupo aislado por apropiarse de recursos públicos, pero al existir una correlación de nombres, de potestades, de vínculos, de acciones u omisiones que apuntan a dudosos manejos durante un período determinado hay un patrón de indicios que no se puede soslayar.

El destape de casos como el escándalo IGSS-Pisa por la compra amañada de tratamientos de diálisis ambulatoria, la opaca concesión de una terminal privada paralela al puerto Quetzal, la estafa de la supuesta limpieza del Lago de Amatitlán —ya juzgado y con sentencia— o el millonario fiasco de la inconclusa construcción de la ruta de la Costa Sur a cargo de la empresa brasileña Odebrecht ocurrieron del 2012 al 2015 durante el mandato del extinto Partido Patriota, encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, contra quienes la fiscalía solicitó, esta semana, una severa sentencia por ser los supuestos cabecillas de la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea.

Testigos, indicios, documentos y contextos se presentaron a lo largo de seis meses en un juicio que tardó siete años en llegar a la fase de debate oral a causa de la investigación, pero sobre todo por los múltiples recursos legales interpuestos por la defensa de la treintena de acusados, cuya presunción de inocencia se confronta con las evidencias exhibidas por el Ministerio Público, algunas de las cuales fueron recabadas por la desaparecida Cicig y que por sucesos recientes no pudieron ser expuestas por los técnicos que las investigaron.

Entre los argumentos de la defensa de los acusados figura la falta de menciones directas por nombres, en lugar de los cuales había apodos como “número 1”, “numero 2”, “la señora” y otras. Asimismo, argumentan una supuesta intencionalidad ideológica. Queda en manos del tribunal la deliberación sobre el valor probatorio de la acusación sustentada con intercepciones telefónicas de conversaciones, datos, cifras y los testimonios de dos colaboradores eficaces, muy cercanos al binomio presidencial, cuyas explicaciones coinciden entre sí, a lo cual se suman los bienes incautados de procedencia inexplicable incluso para los ingresos salariales de la más alta jerarquía del Gobierno.

Como parte del contexto nacional en el que se desarrolla este proceso es necesario hacer notar que continúan en los asientos de Corte Suprema de Justicia los mismos magistrados que fueron electos por el arreglo entre las bancadas de los partidos Patriota y Líder, según lo explicaba un manuscrito del 2018 del expresidenciable Manuel Baldizón, en el que se ofrecía a ser colaborador eficaz cuando ya estaba detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable por lavado de dinero del narcotráfico. Hace unas semanas Baldizón fue deportado luego de adelantarse el término de su sentencia. Acaba de ser ligado a proceso por el caso de corrupción en el Transurbano y está pendiente la audiencia por otro señalamiento en el escándalo Odebrecht.

Por el bien de la justicia en el país es preciso que casos tan emblemáticos sean dirimidos con total apego a Derecho, con la debida evaluación de indicios y descargos, sin prejuicio, con objetividad y, en especial, con plena conciencia del precedente que quedará como constancia en el libro de la historia guatemalteca contemporánea.