Rosa Franco, una madre guatemalteca en busca de justicia por el asesinato de su hija, ultimada hace 20 años, ha logrado con su indignación, perseverancia y amorosa tenacidad más avances en la atención de casos de desaparición de mujeres, investigación de femicidios y sustento científico para procesos judiciales que sucesivos grupos de magistrados y legislaturas en el mismo período. El 1 de marzo último sostuvo en alto el retrato de su hija, tras dictarse sentencia condenatoria de 30 años de prisión contra el victimario, 19 años después del crimen.

En dos décadas se han reportado más de 12 mil muertes de mujeres, pero menos del 5% de crímenes llegan a un proceso de juicio y sentencia. Cuando se logra que un caso llegue a un tribunal, el proceso puede llevar cinco años de duración, en promedio. Por si fuera poco, en ese lapso las víctimas pueden quedar expuestas a intimidaciones y amenazas. El tiempo mismo corre en contra, pues a veces desaparecen pruebas, fallecen testigos y se deterioran o pierden elementos probatorios.

La dolorosa cruzada que Franco inició aquel infausto 16 de diciembre del 2001 incidió en la creación de la alerta Isabel-Claudina, en el surgimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en la creación de protocolos de atención a la violencia contra mujeres y niñas. Hubo obstáculos, interferencias dolosas, mucha indiferencia, pero también despertó voluntades, empujó cambios, visibilizó la tragedia de los femicidios a nivel continental. No lo hizo por ganar protagonismo ni por propaganda. Lo hizo para dignificar la memoria de su hija, y es por eso que Prensa Libre designa Personaje del Año 2021 a Rosa Franco.

Aún faltan muchas mejoras en seguridad y justicia para reducir las muertes violentas y perseguir a los victimarios. Hasta noviembre se registraban al menos 585 mujeres ultimadas en diversas circunstancias —144 casos más que en el período entre enero y noviembre del 2020—, un preocupante aumento del 32% que sin duda alguna tiene conexión directa con la sensación de impunidad de los criminales a causa de la lentitud de pesquisas y parsimonia de procesos.

La historia de Rosa es un rayo de esperanza para familiares de víctimas, pero también un contundente desafío para quienes dirigen y trabajan en la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, juzgados y magistraturas. Sí se puede lograr justicia, sí se pueden integrar indicios científicos para esclarecer desapariciones, sí se pueden erradicar sesgos como el machismo en favor de la dignificación de mujeres a quienes el Estado falló en la protección del derecho más elemental.

Franco hace honor a su apellido al afirmar, en entrevista, respecto de la búsqueda de justicia por femicidios: “No se necesita ser víctima, lo que se necesita es tener empatía”. Es una frase que llama a la solidaridad ciudadana, pero también un lapidario axioma que pone evidencia a ciertas figuras políticas, funcionarias o exburócratas que se valen de medidas cautelares contenidas en la Ley de Femicidio para evadir la rendición de cuentas, intentar desacreditar a críticos y burlar la acción penal, con lo cual le roban recursos al apoyo de mujeres en verdadero peligro de agresiones e incluso de muerte.