Cuando de manera cíclica llegan a agotarse todos los argumentos oficiales disponibles para justificar la falta de remozamiento de edificios escolares, invariablemente aflora el de la situación legal de las áreas en que funcionan los planteles. En junio de 2018, las autoridades del Ministerio de Educación dijeron que había 17 mil establecimientos asentados en terrenos que aún no estaban a nombre de esa cartera y que efectuaban un estudio, con una “mesa técnica”, para aclarar las vías legales que permitieran repararlos total o parcialmente.

En una especie de túnel de gusano, el mismo tema sale a luz casi cuatro años después, dos del actual período, con otros funcionarios en el Mineduc, la misma cifra de edificios escolares que requieren reparaciones y la justificación de que no se pueden remozar a causa de la legalidad de las propiedades sigue siendo la misma. En efecto, puede tratarse de un problema que obedece a décadas de descuidos, pérdida de documentos o falta de registro de donaciones de terrenos a favor de dicha cartera. Sin embargo, debería tener al menos un diagnóstico legal para la solución de la mayoría de casos, con apoyo del Registro de la Propiedad Inmueble, la Procuraduría General de la Nación y también de las municipalidades, entes que para otros propósitos suelen mostrarse solícitos.

La larga pausa de la pandemia en diversas actividades del Estado pudo ser la gran oportunidad para crear una unidad de tarea legal que evaluara y clasificara el estado de las propiedades en conflicto, con el apoyo de supervisores y directores de escuelas, a fin de viabilizar su regularización. Si no ocurrió con la reconstrucción de planteles en situación normal, difícilmente se iba a priorizar este registro.

Sucesivos gobiernos prefieren promocionar repartos de pupitres e instalación de equipos de cómputo, con presencia de estudiantes y maestros para completar la foto publicitaria, así como la exhibición de unos cuantos edificios remozados, pero obvian problemas de fondo como esta enorme presa de áreas escolares sin legalizar. En algunos casos existen incluso litigios judiciales a causa de cesiones no documentadas o pérdida de papelería. Si bien se resuelven de 30 a 40 casos al año, es un avance insuficiente, pues pasarían siglos antes de contar con un inventario completo de inmuebles.

Así también se intentó en algún momento presentar una iniciativa de ley para legalizar de facto los terrenos en los cuales funcionara un plantel educativo durante más de una década, pero no se logró el consenso. Con el debido respeto a las garantías de propiedad privada, esta podría ser una vía a analizar, al menos en los terrenos que no tengan reclamo alguno por parte de particulares y que se encuentren en un limbo legal.

El propósito fundamental de revisar esta tenencia legal de terrenos del Mineduc es dejar sin efecto la excusa recurrente de no poder reparar o remodelar los edificios escolares. Es necesaria una estrategia nacional interinstitucional sostenida de recuperación de esos espacios para poder brindar un aprendizaje de calidad, en un entorno digno y seguro. En el 2021 se restauraron 554 inmuebles y quedaron pendientes 8 mil 945. Este rezago obedece a deficiencias de planificación, los inconvenientes legales mencionados y supuesta falta de recursos, tres razones que se pueden y deben superar, sobre todo porque el año pasado quedaron recursos sin ejecutar, a pesar de las ingentes necesidades.