Hay que partir de un punto claro: no hay carretera más cara que aquella que no existe, aquella que se deteriora sin que haya recursos para repararla o aquella que se repara de forma chapucera, una y otra vez, con repetitivos costos para el erario. En el caso de la autopista a Puerto Quetzal, el pésimo estado en que se encuentra ha causado pérdidas por daños a vehículos, accidentes y, sobre todo, vidas, debido al deterioro por el intenso uso que recibe, al ser la única salida terrestre de gran escala hacia el Pacífico. Importaciones, exportaciones, turismo y también comerciantes internos transitan a diario esta vía, literalmente empedrada, dado el pavimento resquebrajado.

Después de largos meses de tácita resistencia, de veladas insinuaciones de chantajes por votos por parte de ciertos diputados y a más de un año del fallo de la Corte de Constitucionalidad que ordenaba una nueva discusión en tercera lectura en el pleno, se aprobó la concesión de la construcción de ese tramo vial, de 44 kilómetros de longitud y de vital importancia para el desarrollo exportador, pero también para las comunidades circundantes, a las cuales se aplicará un descuento de hasta 75% en la tarifa por uso.

No faltan voces disonantes que invocan una “privatización”, pero en el fondo solo quieren mantener al país en el atraso y la precariedad. Hoy por hoy, para el Estado es prácticamente imposible financiar la ejecución de dicho proyecto y no se diga el mantenimiento. En el modelo de alianzas público-privadas, la compañía concesionaria se hace cargo total de la inversión requerida para la reconstrucción total de la ruta, pero también asume el compromiso de darle mantenimiento, lo cual se financia por medio del cobro de peaje, un sistema que tiene su antecedente en el tramo Palín-Escuintla.

Si alguien no desea hacer uso de ese paso bajo pago, tiene la opción de utilizar gratuitamente la antigua ruta a Puerto San José, vía Masagua, con conexión a los mismos municipios, la cual está al cuidado del Gobierno y las comunas. La experiencia ha demostrado que, en condiciones competitivas y de libertad, los usuarios optan por un tramo con peaje a cambio de una cinta asfáltica en buen estado, con servicios complementarios y cobertura de seguro en ciertos casos.

Se trata del primer proyecto otorgado bajo la Ley de Alianzas Público Privadas, por lo cual es necesario que se refrende su funcionalidad a través de una ejecución y funcionamiento eficiente en el menor plazo posible. La calidad técnica de la obra, según los requerimientos de alto tránsito de carga, deben cumplirse a cabalidad, pues toda reparación corre por cuenta de Convía, el consorcio que se hará cargo del proyecto.

Existen proyectos carreteros urgentes, necesarios e inexistentes que cuestan caro a todos: a transportistas, comerciantes y particulares. Un ejemplo claro es el plan de Anillo Interdepartamental, que permitiría transitar entre fronteras y océanos sin tener que cruzar necesariamente por el área metropolitana, congestionada a diario. Esta obra, largamente anhelada y también relegada, podría marcar la diferencia cuantitativa y cualitativa de Guatemala como destino de inversión, potenciar su competitividad y contribuir al bienestar de sus habitantes. Es imposible que lo ejecute un Estado con antecedentes de corrupción, y cabe decir que había diputados y alcaldes que buscaban parchar de nuevo la ruta a Puerto Quetzal. Se necesita hacer cosas distintas para obtener resultados diferentes. La alianza público privada está obligada a mostrar resultados para desmentir infundios y prejuicios.