El 5 de abril de 1992, el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori —quien actualmente purga prisión—, protagonizó un autogolpe de Estado, mediante el cual disolvió el Congreso, que estaba totalmente desprestigiado y en el cual no contaba con mayoría; además, intervino el Poder Judicial. Su finalidad era tener un poder omnímodo para llevar adelante sus planes sin ninguna oposición. Logró concretar su dominio y gobernó hasta el año 2000, cuando escapó a Japón y el Congreso lo clasificó dentro de la figura legal de “moralmente incapacitado”.

El 25 de mayo de 1993, el entonces presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, pretendió emular el “Fujimorazo”, y decretó la disolución del Congreso y de las cortes. Pero a diferencia de la legislación peruana, la Constitución guatemalteca no tolera tales concentraciones de poder, a causa de las enseñanzas dejadas por décadas de dictaduras y gobiernos autoritarios. El “Serranazo” fracasó y la institucionalidad se robusteció.

Esta semana, en una acelerada y paradójica coyuntura, Perú vuelve a estar en un tsunami político, ya que el lunes 30 de septiembre el presidente Martín Vizcarra decretó la disolución del Congreso, esta vez de mayoría fujimorista, el cual pretende nombrar nuevos magistrados constitucionales que podrían inclinar la balanza judicial en favor de un indulto para el expresidente Fujimori y de la excarcelación de su hija y excandidata presidencial Keiko Fujimori, detenida preventivamente por 18 meses. A su vez, los diputados declararon “moralmente incapacitado” a Vizcarra y juramentaron como mandataria a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien aceptó la designación.

El Ejército y la Policía apoyan a Vizcarra, mientras la población está dividida, a la espera de una salida legal, pacífica, pronta y dialogada de la crisis. Cualquier aspecto contrario a los señalados pone en riesgo el modelo democrático que ha llevado a Perú a ser uno de los países latinoamericanos con mayor crecimiento económico en la última década.

La repetición de un cuadro de polarización, de un pulso de fuerzas políticas que llega a un punto álgido, de un bloqueo total del diálogo a causa de la intransigencia y los intereses ocultos constituye una situación aleccionadora para otras naciones del continente que constantemente se ven expuestas a las riñas sectarias que disputan cíclicos botines de poder. En el caso peruano, se trata del predominio en el Tribunal Constitucional, que al ser nombrado por los diputados, se encuentra a merced de los intereses mayoritarios del momento.

De hecho, Guatemala se encuentra cerca de una situación límite, ya que el 13 de octubre próximo deberían asumir sus cargos los nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, pero el proceso se encuentra varado ante la ausencia de requisitos legales dictaminados por la CC, que retrotrajo el proceso, el cual se encuentra en un limbo. Los diputados del Congreso saliente argumentan el plazo fatal bajo el interés de ser ellos quienes elijan a las nuevas cortes, obviamente bajo sus perspectivas e intereses. Por otro lado, existen voces que reclaman que sean los próximos diputados quienes elijan. En todo caso, pesa la incertidumbre de lo que ocurra al finalizar el período de los actuales magistrados, en 11 días, y qué acciones podrían tomar o no los otros poderes del Estado, en una nueva prueba de fuego para la institucionalidad.