Un año se cumplió ayer de la firma secreta del convenio para la adquisición de vacunas rusas Sputnik V. El gobierno de Giammattei Falla pagó Q614 millones al contado por ocho millones de unidades, sin calendario de entregas. Fueron necesarios 15 embarques de desiguales cantidades de dosis, los cuales se aceleraron en diciembre, cuando se acercaba el fin del año. Las donaciones de otros países, mayoritariamente de EE. UU., superaron la cifra de vacunas compradas y ayudaron a agilizar el proceso de inmunización.

Desafortunadamente, el Ministerio de Salud y toda la burocracia de comunicación social del Gobierno fueron incapaces de promover una campaña de comunicación eficaz, con pertinencia etnolingüística, para disipar las naturales aprensiones que pudieran surgir. Dejaron que ganaran terreno los prejuicios y perdieron la oportunidad de convocar a los líderes comunitarios, sociales y religiosos conscientes. Reacciones secundarias detonaron la oposición a vacunarse en muchas comunidades rurales, pese a ser incomparablemente menores a una infección de covid-19.

Poco ayudó la reticencia a dar información de la anterior ministra, con el pretexto de confidencialidad que dificultó incluso peticiones de acceso al contrato por parte del Congreso o el Ministerio Público. Hoy caducan 2.9 millones de dosis rusas que, sumadas a las vencidas en febrero, suman Q299 millones 325 mil perdidos. El mandatario se lava las manos y responsabiliza a los ciudadanos de no acudir a recibirlas. Es cierto, en todos los países existen grupos antivacunas, pero a pesar de ello se han logrado tasas aceptables: en el istmo, El Salvador tiene 66%; Honduras y Nicaragua, 48%; Costa Rica, 78%; y Guatemala, 35%.

Los argumentos falaces de culpar a la población, coreados, ahí sí, por relacionistas y netcenteros, podrían llegar a parecer verosímiles. Sin embargo, subyacen otras causas logísticas, como la insuficiente cadena de frío en todo el país, el tardío envío de brigadas domiciliares y el desabasto de dosis en algunos centros. La más reciente y evidente muestra de la ineficiencia en la estrategia conducida por el propio ministro Francisco Coma es la incertidumbre que marca el proceso de vacunación de niños a partir de los 6 años, que finalmente se inició con dosis de Moderna, por incapacidad para negociar las de Pfizer.

Es más. En la primera semana de abril caducan 1 millón 900 mil dosis de Moderna, que si bien no le costaron un centavo al erario, constituyen una oportunidad perdida que no exime de continuar el proceso, para lo cual será necesario comprarlas. Se podría gestionar una nueva donación, pero la grandilocuencia gubernamental y el marasmo diplomático parecen alejar tal posibilidad.

De hecho, el mes de marzo arrancó mal para las vacunas en general. La noche del 1, el presidente anunció el veto a la Ley de Vacunación, con argumentos dogmáticos que no compensan la falta de tal normativa debido a los inconvenientes que genera. Dicha norma fue aprobada por el Congreso, con el apoyo de médicos y expertos en epidemiología. De por sí, ya el país iba 40 años tarde y no se sabe cuándo conocerá el pleno tal rechazo. La ley buscaba garantizar los recursos para la inmunización infantil y optimizar la lógica organizacional del ministerio para lograr mejor cobertura y frecuencia. Arguyó el mandatario que dicha norma prácticamente imponía una vacunación “obligatoria” y por eso la vetaba. Pero hoy se queja de la gente que no acudió obedientemente a ponerse las vacunas que compró con total sigilo.