Sospechosa y preocupante es la apresurada inclusión en la próxima sesión plenaria de la iniciativa 5792, con la cual se pretende crear otro ente burocrático, la “Oficina Nacional de Información Pública”. Dicha instancia, supuestamente independiente, centralizaría -y, por ende, controlaría- el acceso de los ciudadanos a los datos de funcionamiento del Estado, un derecho plasmado en la Constitución que no necesita de más alambiques sino de mayor celeridad en la publicación de datos de oficio, que, por otra parte, está contenido en la Ley de Acceso a la Información.

Es demasiado obvia la intención de arrebatar a la ciudadanía una de las pocas herramientas disponibles para exigir cuentas a los funcionarios de turno, a los tres poderes del Estado y a dependencias descentralizadas y autónomas. La inclusión de esta iniciativa de reformas se antepone a temas prioritarios que el Congreso incumple. Los diputados siguen relegando la elección de magistrados de Cortes -que ya lleva 13 meses y 4 días de retraso- porque parece convenirles la prolongación de los actuales titulares, cuyos cargos devienen del contubernio entre los extintos partidos Patriota y Líder, uno de cuyos exdiputados es, ¡oh casualidad!, el ponente de la 5792.

El Libre Acceso a la Información Pública no es un privilegio de periodistas o comunicadores, sino un derecho de todo ciudadano a disponer de datos sobre el uso del erario, asignación de obras, sueldos y todo tipo de gastos efectuados por las autoridades. Se trata de una barrera de defensa contra la corrupción. Aun así, a menudo se debe enfrentar la dilación en la entrega de datos, los reportes incompletos bajo justificación de tecnicismos y otras tretas burocráticas. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha sido desde 2008 la encargada de velar por esta garantía de acceso y ha denunciado a funcionarios por intentar vedarla, coartarla y hasta negarla.

La ley vigente es clara en cuanto a que se debe asegurar “el acceso a la información o actos de la administración pública que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración”.

El Congreso busca reservarse la potestad de elegir al director y subdirector del adefesio burocrático, carente de fundamento técnico. Tiene una cláusula que supedita la directiva de la nueva “oficina” a los mismos diputados, quienes podrán removerla con una mayoría simple: un torpe mecanismo de presión que convierte en falso cualquier ofrecimiento de autonomía.

Es necesario que los legisladores responsables y conscientes que estén en desacuerdo con este nuevo contubernio alcen la voz en el hemiciclo, en las calles, en sus comunidades, en los medios informativos. Todavía pueden marcar distancia de cualquier agenda regresiva, secretista y opaca. Ese fue su compromiso de campaña: renovar el Congreso, pero ello solo será posible siempre y cuando sus voluntades no se encuentren ya comprometidas por prebendas, tajadas presupuestarias o conflictos de interés. Quienes apoyen la iniciativa de la “Oficina de Control de la Información Pública” -con cualquier excusa- solo estarán confirmando de qué lado están y a qué patrones de conducta responden.