La animadversión de los gobiernos hacia las críticas y denuncias de la prensa independiente no es nueva. El afán por los elogios, las adulaciones y la promoción de obras —aunque solo se trate del inicio de proyecto— es una obsesión constante de sucesivos gobiernos, que desperdician tiempo y costo de oportunidad en esgrimir reclamos: primero porque conducir con eficiencia y probidad los manejos públicos es su simple y llana obligación, establecida en la ley; segundo, porque para ocupar cargos de elección popular las autoridades se postularon libremente, incluso en repetidas ocasiones, con ofrecimientos de campaña que se convierten en el referente lógico para deducir resultados.

El informe de Human Rights Watch (HRW) 2021 sobre Guatemala resalta la retórica agresiva, falsas acusaciones y escaso avance en la investigación sobre amenazas y ataques contra periodistas, los cuales también han sido denunciados y rotundamente rechazados por entidades locales, como la Asociación de Periodistas de Guatemala, o internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa.

“Los ataques verbales del Gobierno contra periodistas se tornaron más frecuentes y descarados luego de que el covid-19 comenzó a propagarse en Guatemala”, denuncia HRW, que en su reporte sintetiza la resistencia o incomodidad del gobierno actual para brindar información en temas de interés literalmente vital para la ciudadanía, durante la pandemia, sobre todo en lo referente a la administración de recursos destinados a la atención de pacientes, la provisión en cantidad y calidad de insumos hospitalarios, costo y uso de pruebas de diagnóstico, y, últimamente, la gestión de la adquisición de vacunas, cuyo retraso denota poca planificación.

Respuestas con sorna, preguntas para evadir cuestionamientos, victimizaciones discursivas y dilaciones usualmente protagonizadas por relacionistas públicos estatales son solo la punta de un témpano de resistencia al requerimiento periodístico. Lamentablemente se han dado casos de agresiones físicas directas; el más reciente sucedió el 4 de febrero último, cuando un miembro aún no identificado de la comitiva de seguridad del ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, agredió al corresponsal de Prensa Libre Héctor Cordero cuando consultaba al funcionario sobre aspectos de su gestión. No hubo un pronunciamiento oficial de rechazo y mucho menos búsqueda o identificación del agresor.

Los intentos por vedar el libre acceso a las fuentes de información no son exclusivos del Ejecutivo. También en el Congreso se intenta limitar este derecho. En noviembre último trascendía la iniciativa del diputado Alejandro de León Maldonado para crear un instituto de información pública, a fin de centralizar la provisión de datos, con lo cual se crearía un embudo burocrático, ideal para entorpecer las solicitudes. Con esta maniobra se le retiraría a la Procuraduría de Derechos Humanos la fiscalización del cumplimiento de la actual Ley de Acceso a la Información y se la reservaría el propio Congreso, que nominaría a la cabeza de tan irrisorio ente.

Es posible que las autoridades quieran desdeñar los señalamientos de HRW, pero ello se hace con acciones y no con discursos o comunicados. Una buena oportunidad para que los organismos del Estado demuestren su disposición a informar a la ciudadanía sobre sus acciones está en el trascendental proceso de nominación y designación de magistrados de la CC, el cual es manejado con absoluto secretismo por el Congreso y la Presidencia.