En la misma lúgubre y roída tradición de regímenes de terror que dieron origen a relatos literarios como Tirano Banderas, El señor presidente o Yo, el Supremo, el gobierno de Daniel Ortega exhibe en la sufrida Nicaragua su intolerante —y a la vez intolerable— desfachatez dictatorial. Bajo cargos espurios o pretextos prejuiciosos se han ordenado detenciones de precandidatos opositores, líderes políticos e incluso de antiguos aliados que, bastante tarde, se dieron cuenta de los alcances perversos de la dupla que se entronizó desde 2007 a fuerza de represión y retorcida manipulación legal.

Las dictaduras no tienen signo. Son nefastas, cualquiera que sea la “ideología” invocada. Y las comillas son intencionales, porque no se puede hablar de ideas en tales entornos viciados por el afán intolerante. Desgraciadamente, la ambición despótica es una bestia alimentada con adulaciones, conveniencias cómplices, mucha sangre y lágrimas: una dieta criminal a la cual no cabe atribuirle el profundo y trascendental significado de los ideales, simplemente porque no los entiende ni los acepta.

En la comunidad internacional existe preocupación por el destino de Nicaragua, que salió de una dictadura hace cuatro décadas para volver a caer en otra, 20 años después. No fue casual, ni es él único país en dar vueltas alrededor de este abismo. Los abusos de politiqueros, los escándalos de corrupción y la desatención a las metas de desarrollo fermentan el caldo de cultivo de un populismo perverso que vende paraísos pero entrega infiernos. El modelo que se ha repetido, con variantes de duración, caras y pretextos, a lo largo de 200 años, como un mito de Sísifo devenido en pesadilla recurrente y peligro constante para el estado de Derecho.

Pero la comunidad de democracias mundiales comienza a activarse ante una alarma encendida. Ayer se firmó, a instancias de la Organización de Naciones Unidas, una declaración de condena a la violación de derechos humanos, las detenciones injustificadas, los ataques a periodistas y medios independientes.
Signaron 59 países. Guatemala también se sumó al llamado de garantizar elecciones libres y libertad para los presos políticos. México y Argentina no rubricaron el comunicado pero llamaron a sus embajadores a consulta, como una medida diplomática de rechazo a las acciones del régimen sandinista que emula, corregido y aumentado, al dictador Somoza que alguna vez derrocó.

“Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables”, reza la parte toral del documento, cuyo contenido constituye a su vez un compromiso tácito de sus signatarios.

En otras palabras, el Estado de Guatemala, al participar en dicha declaración, también queda obligado a garantizar los derechos ciudadanos, a respetar los derechos de acceso a la información y libertad de expresión. Faltan muchos meses para los próximos comicios en el país, pero desde ya debe garantizarse la depuración del aparato partidario, incluyendo a actuales aliados del pacto oficialista. Dictaduras como las de Rafael Carrera, Manuel Estrada Cabrera o Jorge Ubico fueron posibles por la complicidad de asambleas legislativas y también por cortes que en lugar de representar al ciudadano optaron por plegarse a agendas opacas que luego resultan trágicas.