Oficialmente finalizó la temporada de lluvias, según el Insivumeh, pero la cauda dejada por los huracanes Eta e Iota es cuantiosa, con grave efecto sobre el desarrollo de comunidades enteras, pérdidas de cultivos destinados a la subsistencia, comercialización y exportación, además de despojar de bienes muebles e inmuebles a numerosas familias de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Alta Verapaz y también el sur de Petén. La economía de estas regiones se encuentra parcialmente varada debido a que hay pueblos anegados por la acumulación de agua pluvial cuyo desfogue se dificulta por el alto nivel prevaleciente en ríos y lagos próximos o por la configuración del terreno, que en algunos casos forma verdaderas cuencas sin salida, un asunto que se debe evaluar con celeridad para trazar alternativas.

A la mesa de diálogo sobre el reacondicionamiento del presupuesto se debería sumar otra instancia para ordenar los esfuerzos en favor de las comunidades damnificadas en tres áreas: ayuda humanitaria inmediata, provisión de servicios de salud y la implementación de un rescate productivo, los cuales no pueden ser desarrollados de manera aislada o electoreramente selectiva.

La crisis por vulnerabilidad climática coincide con un punto álgido de la polémica detonada por decisiones, procedimientos y errores gubernamentales. Para el presidente debería ser la oportunidad, sin caer en populismos, de retomar el liderazgo que su cargo exige para emprender la reconstrucción del país y cumplir sus ofrecimientos de campaña. Ahora bien, al decir liderazgo no debe confundirse con imposición de criterios, intransigencia o cerrazón, pues el verdadero líder sabe escuchar incluso a quienes lo adversan en ideas.

A nivel de comunicación política, de reafirmación institucional e incluso de empatía ciudadana posiblemente habría tenido mayor rédito para el presidente Alejandro Giammattei haber viajado hoy mismo para conocer de primera mano la situación de decenas de familias de Campur, atender de inmediato las solicitudes de auxilio de la comuna de Sayaxché, acudir a alguna localidad del llamado Corredor Seco o simplemente presentarse a rendir homenaje póstumo a las víctimas —cuya cifra es aún una incógnita— del deslave de Quejá, San Cristóbal Verapaz.

En todo caso, un gran plan nacional de recuperación para el norte y oriente del país debería estar esbozado sobre al menos una veintena de proyectos de infraestructura vial, apoyo técnico a productores y puente de ayuda nutricional, priorizados de acuerdo con la vulnerabilidad de las comunidades o carácter estratégico de los pasos interrumpidos. Una propuesta seria y consistente de reconstrucción puede y debe figurar en la discusión presupuestaria que tendrá lugar en las próximas dos semanas, no para engrosar las cifras de gasto, sino para decidir cursos de acción novedosos y así afrontar, por ejemplo, las necesidades viales que el Estado no podrá costear.

Es necesario recalcar que para poder emprender una política nacional de emergencia, solidaridad y resiliencia se necesita una actitud segura, asertiva y madura del presidente, a fin de recapacitar en los pasos necesarios para brindar al país el servicio que necesita y que él prometió tantas veces en sus múltiples candidaturas presidenciales. Debe reenfocarse en lo importante y lo urgente, para dejar de lado cualquier otra rencilla que no contribuya al bien común.