El informe del Departamento de Estado de EE. UU. fue elocuente al mencionar en el capítulo dedicado a Guatemala la caravana de vehículos armados, donados para la lucha antinarco y patrullajes fronterizos, movilizada frente a varias entidades, incluyendo la embajada de ese país, el 31 de agosto de 2018. Las autoridades locales intentaron minimizar el tema y argumentaron en aquel momento que se trataba de patrullajes de rutina, en tanto que varios congresistas estadounidenses reclamaron por el uso indebido del equipo entregado como parte de la estrategia de seguridad regional de dicha potencia. El incidente parecía apaciguado a base de cabildeos y respuestas más bien evasivas en las cuales tarde o temprano se invocó la soberanía como argumento.

Cabe mencionar que mucha de la política exterior del actual gobierno se basó en medidas que buscaron congraciarse con la administración de Donald Trump, como, por ejemplo, el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén, hecho con el cual se ganó atención y la venia de varios senadores y congresistas republicanos, varios de ellos afines al actual embajador en Washington, al punto de que emitieron comunicados conjuntos en apoyo a decisiones del gobierno de Jimmy Morales.

No obstante, estas expresiones de apoyo también tuvieron una contraparte con senadores y congresistas críticos de acciones como la mencionada exhibición de fuerza con carros ajenos, la cual aparece calificada en el informe del Poder Ejecutivo estadounidense como un claro acto de intimidación a la sociedad, un uso para el cual tales recursos no estaban destinados.

Ayer, un vocero de la Embajada de EE. UU. confirmó que si bien consideran a Guatemala un aliado en los esfuerzos de seguridad, debido a su posición geoestratégica, el uso incorrecto de los J8 llevó a decidir la suspensión de cooperación en equipo y capacitación de las fuerzas de tarea y a la revisión de las transferencias al Ministerio de la Defensa de Guatemala.

Esta decisión del Ejecutivo estadounidense, que vino anticipada por una reorientación de la ayuda económica de EE. UU. y la sanción presidencial de una ley de presupuesto que incluye un listado pendiente de funcionarios señalados de corrupción, expone el deterioro de la imagen del gobierno efecenista, que emprendió desde 2018 relevos arbitrarios que no solo interrumpieron procesos de profesionalización policial, sino que supeditaron la agenda de seguridad regional a intereses factuales y cortoplacistas.

Existen antecedentes que ponen en perspectiva la gravedad de una decisión de este tipo, como el anuncio del presidente estadounidense Jimmy Carter, en 1977, de cortar la ayuda al gobierno del general Romeo Lucas García debido a la represión y las violaciones de derechos humanos. Dicha asistencia tardó muchos años en volver a ser restablecida, incluso cuando ya había retornado la democracia. El actual mandatario, que está en los últimos 10 meses de período legal, no solo debería meditar sobre las consecuencias de sus decisiones, sino evaluar la capacidad y sensatez del círculo de asesores que lo condujeron a esta situación, los cuales parecen no comprender la gravedad de su posición, pues el Ejecutivo emitió ayer mismo una respuesta displicente respecto del corte de ayuda, lo cual pone en tela de juicio la prudencia, la responsabilidad y la competencia profesional de quienes manejan la política exterior del país.