Tras semanas de silencio, con la presión de coyunturas sociopolíticas y sin haberse disipado las dudas sobre el trasfondo, condiciones e involucrados en el negocio de la compra de vacunas rusas, el Gobierno replantea, casi de última hora, un pliego adicional de restricciones sanitarias, bajo la figura de estado de Prevención, supuestamente para tratar de frenar el alza de contagios.

El refuerzo de las medidas de prevención era necesario hace semanas. Las suspicacias fueron originadas por el propio presidente, quien en la alocución del viernes último habló de macroeconomía, llamó a la gente con síntomas a practicarse pruebas, agradeció las donaciones de vacunas, evitó el tema Sputnik V y aludió a la “división” que interpreta de las críticas por las deficiencias en inmunización y falta de insumos hospitalarios. Con sonrisa anunció la vacunación de maestros y trazó el retorno a clases para agosto. No se dijo nada de restricciones, pese al alza histórica de casos.

Tres días después, era otro el semblante. El mandatario adelantó, el lunes último, la declaratoria de un estado de Prevención, al tiempo que señalaba a unos cuantos manifestantes congregados en la Plaza de “alborotar” el virus.

Reza un dicho que aclaración no pedida es una acusación manifiesta, y es justo lo que figura en el decreto del estado de Prevención, cuya vigencia se prevé para mañana. En uno de los puntos se aclara, taxativamente, que no se prohíben las manifestaciones, siempre y cuando se cumpla con las medidas de bioseguridad ya establecidas. Sin embargo, más adelante se establece que toda reunión podrá ser disuelta “cuando la salud y la seguridad pública lo ameriten”.

Las ambigüedades en materia legal siempre acarrean el riesgo de discrecionalidades. En el caso de este decreto, más parece una sugerencia subrepticia a repetir los lamentables hechos del 21 de noviembre, cuando la policía agredió a ciudadanos en la Plaza de la Constitución. También quedan sin aclarar las aplicaciones reforzadas del uso de mascarilla dictaminado para lugares cerrados, pues esto podría afectar a expendios de alimentos, puesto que para comer hay que quitarse la mascarilla, aunque resulte obvio decirlo. Así también, la efectividad de la limitación de horario para el expendio de bebidas alcohólicas —que ya venía siendo una fuente de exacciones para ciertos sectores de patrullaje policial, sobre todo en áreas periféricas— podría ser un acicate para aglomeraciones a otra hora, en lugar de una medida efectiva.

Sin embargo, la mayor contradicción de todo este paquete de reglas, que quizá eran necesarias desde hace semanas, no está en el decreto, sino en la desorganización que priva en los centros de vacunación y en la incertidumbre sobre el calendario de entregas de las vacunas rusas ya pagadas. Adultos mayores y ciudadanos con cita tienen que esperar a la intemperie, en filas o en salones, hasta por seis horas, para poder pasar a recibir la inyección. Tales concentraciones también alborotan el virus, pero no hay visos de corrección, redistribución de centros o incluso aplicación ambulatoria de dosis por barrio, zona u otras afinidades prácticas. Queda claro que todo ciudadano debe asumir la responsabilidad de cuidar su salud y la de su familia, pero sin duda alguna la medida más efectiva hasta el momento en todo el mundo es una eficiente y rápida administración de vacunas, algo que hasta ahora el Gobierno no ha podido garantizar.