Cada año los accidentes de tránsito protagonizados por vehículos de carga y autobuses dejan una lamentable cauda de víctimas mortales y también de heridos, tanto pasajeros como terceros involucrados, quienes a menudo afrontan largos procesos de recuperación e incluso secuelas de por vida. Hasta ahora no existía un amparo legal para brindar algún tipo de indemnización a los afectados por siniestros viales de este tipo, que ocurren con frecuencia y que impactan en vidas concretas, aunque los detalles no siempre trasciendan a nivel nacional.

En un mes cobrará vigencia el reglamento que obliga a los dueños de vehículos de transporte colectivo y de carga a la adquisición de un seguro de responsabilidad civil que posibilitará la entrega de una indemnización económica a los afectados por percances. En caso de no contar con ese tipo de póliza, automáticamente el propietario del automotor involucrado pasaría a hacerse responsable de la compensación, de acuerdo con una tabla de valores fijada por la misma normativa.

Ciertamente esto representará un costo para esta industria; sin embargo, también debe enfocarse la medida como un aliciente para la prevención de incidentes lamentables, mediante la contratación de pilotos profesionales, debidamente capacitados, mantenimiento constante de los vehículos y comportamiento responsable en vías urbanas y extraurbanas.

El sector del transporte es vital y estratégico para la economía nacional en todos los niveles: desde la macrologística de la producción industrial y dinámica mercadológica hasta la rutina personal de quien se dirige a su empleo en una compañía o en un emprendimiento de negocios. Por esa misma razón no puede quedar sujeto a la ambigüedad de quién puede hacerse o no responsable de daños ocasionados por un percance vial, sobre todo en el caso de no tener la culpa del incidente, como tampoco la tienen personas que se convierten fortuitamente en víctimas.

En otro tema relacionado, está por vencerse el plazo para la actualización del parque vehicular de empresas de autobuses, motivo por el cual se ha solicitado una prórroga para la entrada en vigencia del veto total a las unidades con más de 25 años de uso, así como se buscan créditos suministrados con fondos públicos para la adquisición de nuevos automotores.

Cabe señalar que en el gobierno anterior se otorgó una prórroga, con justificaciones poco claras y una tácita amenaza de protestas y bloqueos, sin que hasta ahora se haya observado un esfuerzo serio por modernizar la flotilla. Por otra parte, la utilización de recursos del erario para otorgar facilidades a empresas privadas sin que existan garantías de tarifas, frecuencia de rutas o alta calidad de atención al usuario parece ser una inversión poco rentable para la ciudadanía.

Asimismo, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil debería ser extensiva y proporcional para todo negocio de transporte de pasajeros, léase taxis rotativos, mototaxis y microbuses, los cuales han proliferado en la capital y cabeceras departamentales y a menudo se conducen a excesiva velocidad, sobrecargados o conducidos por personas sin licencia profesional que a menudo ejecutan temerarias maniobras para competir por pasaje, en un ejercicio que desafía a la suerte y, en muchos casos, a la propia muerte, pero que las comunas, por miedo a bloqueos o a reacciones agresivas de conductores y ayudantes, se abstienen de registrar, monitorear y sancionar.