A 37 días del relevo constitucional de autoridades, fiscales del Ministerio Público ofrecieron una conferencia para presentar indicios de supuestas irregularidades en el proceso electoral ya oficializado. Se dice supuestas porque no constituyen evidencia probada en juicio. Fue llamativa la sugerencia del fiscal Rafael Curruchiche acerca de una anulación de todo el proceso y que brilló por su ausencia la fiscal general, Consuelo Porras, por ser un caso tan paradigmático, con implicaciones tan graves para la continuidad constitucional, con tan lesivo costo para la institucionalidad y tan riesgoso precedente para ulteriores procesos. Además, parte del caso surgió de denuncias “anónimas” cuyos intereses no están claros.

Es inevitable señalar la contradicción entre declaraciones. El secretario del Ministerio Público, Angel Pineda, afirmó que “es una falacia que se quiera alterar los resultados electorales o se haya vulnerado la voluntad popular”. Sin embargo, más adelante, el fiscal contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, dijo que la investigación era contra “todo el proceso electoral” de presidente, diputados, alcaldes y Parlacén, y agregó: “A nuestro particular criterio deberían anularse”, y dicho lo cual añadió que trasladarían toda la información al Tribunal Supremo Electoral, que declaró por concluido, válido y certificado el proceso electoral el 31 de octubre último.

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, al ser consultada sobre los indicios presentados por el MP y la sugerencia de “nulidad”, aseveró: “Los resultados están validados, los resultados están oficializados, son inalterables”. Sentenció: “Las personas —electas— están debidamente acreditadas y deben tomar posesión este 14 y 15 de enero; de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional, señores”.

De proseguir la investigación e incluso de llegar a existir algún proceso judicial, este debería concluir con sentencia firme, para poder proceder a pedir una anulación generalizada con base en los hallazgos presentados ayer por el Ministerio Público. De hecho, en la conferencia se aludió a fallidos intentos por cambiar la Ley Orgánica del MP para remover a la fiscal general, algo que solo procedería con sentencia firme.

La magistrada Alfaro mencionó que solo la CC podría en algún caso ordenar una anulación, pero sobre tal aseveración es necesario reiterar que sería la última instancia de revisión después de un proceso judicial, nunca antes visto. En todo caso, la CC tiene pendiente de resolver en definitiva un amparo a favor de la continuidad democrática, cuya vista pública se efectuó hace más de dos semanas y aún no hay fallo.

También es necesario decir que lo planteado por el fiscal Curruchiche en la conferencia fue un punto de vista personal, pero no se trata de un juez ni de un magistrado. No se puede decir que se protege la democracia irrespetando un proceso democrático de masiva participación y auditado por misiones nacionales e internacionales. La Organización de Estados Americanos, que ha sido observadora del proceso y mediadora en la crisis política, invitada por el Gobierno, fue la primera en mostrar su rechazo a la nueva ponencia del MP, que califica de “golpe de Estado”. Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, han repudiado repetidamente el asedio de la Fiscalía, que plantea evitar que tomen posesión las más de 40 mil personas electas, despropósito que dista de toda lógica constitucional y raya en la ilegalidad. Ayer se unieron al reclamo distintas entidades nacionales, principalmente del sector privado, y líderes de pueblos indígenas.