Remesas aumentan y la incertidumbre también
De los 9 mil 757 ciudadanos guatemaltecos deportados desde EE. UU. hasta el 5 de abril, solo 91 tienen casos penales abiertos: menos del 1%.
En solo tres meses del 2025, los migrantes guatemaltecos enviaron al país US$5 mil 642.7 millones, equivalentes a unos Q43 mil 448 millones, una cifra récord que representa un aumento del 20% respecto de los envíos del primer trimestre de 2024 y que supera el total enviado durante todo el 2024 —US$5 mil 544 millones—, pero que también denota el aumento de la incertidumbre de los connacionales que viven, trabajan y producen en Estados Unidos a pesar de no tener un estatus migratorio regular.
La cifra de 3.2 millones de connacionales, reportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un año, con base en los registros de servicios consulares, ya debería haber sido actualizada, incluso a pesar de que podría entrañar un subregistro. El número real de guatemaltecos en la Unión Americana es difícil de contabilizar, dadas las limitaciones de cobertura y horario de la atención de dichas dependencias, las largas distancias, horarios laborales —a veces de dos o tres empleos— y el multiplicado miedo a desplazarse a efectuar trámites, sobre todo en estados donde pululan operativos de la agencia federal antimigrantes con la colaboración de departamentos de policía proclives a las políticas rigurosas de Donald Trump.
Existen algunos casos de conducta criminal en los cuales hay guatemaltecos involucrados que han sido aprovechados como ariete prejuicioso en contra de los migrantes. La inmensa mayoría de chapines llegó a dicha nación con el fin de obtener oportunidades laborales: son personas laboriosas, de aporte y servicio a las comunidades. Las presiones federales, incluso en contra de ciudades santuario o del propio sistema escolar, es creciente y genera zozobra en las comunidades hispanas.
Los operativos de deportación se han enfocado, según el Gobierno, en la detención y expulsión de personas sospechosas o convictos. Pero incluso bajo ese enfoque, las cifras no mienten: de los 9 mil 757 ciudadanos guatemaltecos deportados desde EE. UU. hasta el 5 de abril, solo 91 tienen casos penales abiertos: menos del 1%. El anuncio de la utilización de datos del Servicio de Impuestos (IRS, en inglés) para la localización de más indocumentados aumenta la desazón, pues se supone que son confidenciales.
En todo caso, esta estrategia podría ser un balazo en el pie para la recaudación fiscal, debido al gran aporte tributario de los migrantes sin residencia, quienes solo en 2022 pagaron más de US$97 mil millones para sostener el gasto estatal de un país que no los quiere. Así también, hay abundantes reportes de empresas agrícolas, pecuarias, manufactureras y de servicios de construcción que afrontan problemas para conseguir mano de obra. En este sentido, las visas de trabajo temporal son una herramienta estratégica, pero hasta estos permisos se han visto ralentizados en su trámite.
Organizaciones ciudadanas y de derechos humanos, iglesias y asociaciones de migrantes se han lanzado a difundir orientación sobre derechos civiles, aplicables también por designio constitucional, a personas sin permiso de residencia legal. Las autoridades guatemaltecas difunden alguna orientación por redes sociales, con ayuda de abogados migratorios, pero a la vez parecen tener miedo a desgastarse ante la Casa Blanca. Mientras tanto, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hasta recibió invitación para el 14 de abril próximo. La perspectiva es poco halagüeña para los guatemaltecos en el Norte, y por ello tratan de enviar, lo más que pueden, recursos dinerarios a sus familias, por si les tocara retomar la vida en el país del que salieron en busca de un sueño.
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