La frase “en la tardanza suele estar el peligro”, que Miguel de Cervantes puso en boca del hidalgo Don Quijote de La Mancha hace más de cuatro siglos, suele ser citada con frecuencia pero no siempre se comprende su pleno significado, a no ser por situaciones que ponen en evidencia los criterios inadecuados con que ciertas figuras públicas manejan decisiones que afectan gravemente a terceros.

Dicha expresión viene al caso con la renuncia del jefe de seguridad el Organismo Judicial, Óscar Mota Bonilla, cuyo nombramiento, el 3 diciembre de 2018, fue seriamente cuestionado por los propios jueces a quienes debía garantizar protección y que pidieron su remoción por no estar de acuerdo con abruptos cambios en los protocolos de vigilancia. Mota fue nombrado en el puesto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Néster Vásquez Pimentel, quien tomó posesión el 13 de octubre de ese año, día en el cual ocurrió la primera de varias reuniones con el presidente del Ejecutivo, Jimmy Morales, y el presidente del legislativo, Álvaro Arzú Escobar. Dichas citas se repitieron, y al ser cuestionadas fueron calificadas por las autoridades como invitaciones de cortesía, lo cual no despejó las suspicacias.

De hecho, otro de los aspectos que más llamaron la atención fue que Mota Bonilla había fungido como subdirector de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del gobierno de Jimmy Morales, cuyo director, Mario Duarte, es un funcionario muy cercano al mandatario y quien más reuniones con él ha registrado en la Casa Presidencial. Asimismo, Mota formó parte de una de las promociones de un denominado doctorado en seguridad estratégica en el cual también participó Morales, antes de ser gobernante.

Jueces de Alto Impacto y el presidente de la Asociación de Jueces visitaron al presidente del OJ, Vásquez Pimentel, el 19 de febrero último, para solicitarle la remoción del jefe de seguridad y literalmente le expresaron: “No nos sentimos seguros. No estamos en una condición de estar en estas consideraciones de venir y estar discutiendo esto —los inconvenientes en seguridad—”.

El Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial denunció además que Mota amenazó y amedrentó a trabajadores administrativos y de seguridad, lo cual ocasionó un “clima de inestabilidad y desconfianza” con las nuevas acciones que ordenó implementar, como, por ejemplo, la contratación de personal que laboró en la SAAS y que efectuaba vigilancia en los pasillos de la Torre de Tribunales sin identificación ni uniforme. Vásquez ofreció que se emprendería una investigación sobre las acciones de Mota, pero pasaron tres semanas sin que se anunciara resultado alguno.

Ayer trascendió la dimisión de Mota, por motivos personales, pero solo después de que se reveló la existencia de una orden de captura emitida por un juzgado de Femicidio, por presunta violencia económica y psicológica contra la mujer. Vásquez Pimentel anunció la salida de su jefe de seguridad pero argumentó que no tenía conocimiento de la orden de aprehensión en contra de este. No obstante, después de los reiterados reclamos y las solicitudes de su remoción, la tal renuncia resulta tardía e insuficiente. Ahora falta investigar las medidas que implementó Mota y que ocasionaron los temores de los jueces, las cuales deben ser revertidas y deducirse las responsabilidades legales, pues dados los riesgos que entraña la impartición de justicia en el país no se puede incurrir en nuevas e imprudentes tardanzas.