Los nombres han cambiado pero sigue siendo lo mismo. Les han llamado comedores solidarios, comedores seguros, comedores sociales y, ahora, comedores comunitarios. Funcionarios a cargo han desfilado, igual que los proveedores, y la finalidad clientelar sigue siendo la única justificación subyacente. El discurso sigue siendo el mismo, pero, eso sí, el gasto ha crecido sin resolver efectivamente el proclamado objetivo de combatir la inseguridad alimentaria en el país. Para este año, el Ministerio de Desarrollo Social destina Q143 millones para financiar 34 comedores actuales. Las cifras por sí solas evidencian su ineficacia y alto costo: publicitan cinco millones de raciones repartidas en 2021 y dos millones en 2022, las cuales, al dividirse por día, arrojan unas 18 mil diarias en todo el país. Si estas se dividen en tres tiempos, la cantidad de personas favorecidas cae aún más.

A esto se agrega la ubicación de dichos centros. Lo lógico es que deberían concentrarse esfuerzos en zonas de alta incidencia de inseguridad alimentaria. Sin embargo no es así, porque su distribución no coincide con las comunidades con más familias o más niños en precariedad. La localización coincide más con las áreas que tienen mayor concentración de votantes. Se trata, entonces, de una incapacidad de gestión combinada con ignorancia de las realidades nacionales o de un doloso plan de pesca clientelar similar a previos gobiernos con fracasadas ambiciones continuistas.

La eficacia del programa no solo se cuestiona por su alcance, sino por su costo para el erario. Una porción de huevo revuelto, una de frijol volteado, dos pirujos y un vaso de café cuesta Q23: un precio alto si se toma en cuenta que es una compra por mayor.

La gran inconsistencia radica en que no coinciden con áreas de desnutrición o de crisis alimentaria. Por ejemplo, Alta Verapaz, que se convirtió en el epicentro de casos de este tipo en 2021, solo tuvo 133 mil tiempos de comida durante ese año: apenas 2,500 por semana, y el número se reduce más si se divide entre la cantidad de municipios o pobladores necesitados. El ejemplo más penoso de esta incoherencia programática es Chiquimula, que tiene un 25% de población en inseguridad alimentaria: alrededor de 30 mil personas en varios municipios del Corredor Seco. Allí no se sirvió ni un solo tiempo de comida de este tipo en 2021.

La precariedad está presente en muchas áreas, incluso en las urbanas, pero en el departamento de Guatemala es donde la proporción de inseguridad alimentaria se reduce hasta un 11%. Sin embargo, en esta región se consume la mayor cantidad de tiempos de comidas “comunitarias”: 844 mil 890, sin que exista un estudio serio sobre su pertinencia y beneficio nutricional concreto. Pese a ello, los relacionistas del Mides insisten en decir que se atiende a población vulnerable.

“Tampoco los programas de comedores sociales llenaron las expectativas, están limitados casi solo a la ciudad capital”, criticaba el “plan de innovación” de Giammattei Falla, entrevistado en la campaña de 2019, que ofrecía no solo favorecer a adultos mayores, madres embarazadas y niños, sino también hacerlos nutricionalmente completos. El ministro Raúl Segura afirmó que buscan establecer otros 15 comedores este año, dos de los cuales se instalarían en Escuintla, otro departamento con relativa incidencia baja de desnutrición pero fuerte botín electoral. En otras palabras, siguen repitiendo el plan fallido con el argumento de esperar resultados distintos.