Hasta hace algún tiempo se solía llamar violencia “doméstica” a las agresiones ocurridas en el ámbito del hogar, un calificativo que contrastaba con el salvajismo verbal, psicológico y físico de este tipo de sucesos, totalmente intolerables y merecedores de repudio colectivo. Aún así, por demasiadas décadas, los insultos, gritos y golpizas contra las mujeres perpetrados por esposos y convivientes fueron un escándalo apañado por las mismas autoridades, sobre todo la Policía, que las consideraba un asunto privado, casi ajeno a la seguridad pública. En todo caso, si el asunto salía del hogar, se trataba como escándalo en la vía pública y nada más: una omisión que muy probablemente costó decenas, cientos, de vidas y miles de lesiones nunca denunciadas o simplemente desechadas por la burocracia.

No obstante, la violencia contra las mujeres existía y existe. Lamentables hechos recientes así lo exhiben con toda su crudeza. El hallazgo de los cuerpos de la estudiante Angie Caseros y su madre, Blanca Ramírez, cuya desaparición se reportó el 5 de septiembre, exhibe la indefensión a la cual se enfrentan las guatemaltecas. Ellas recibían asesoría por ser víctimas de violencia intrafamiliar, un elemento que debe orientar una línea de investigación para esclarecer las circunstancias de su asesinato.

Desgraciadamente, los ataques siguen ocurriendo entre las paredes de un inmueble —que en esas condiciones no puede llamarse hogar—, pero también en calles, mercados, caminos, descampados, en la oscuridad de la noche o a plena luz del día: toda una vergüenza para una sociedad que aún no se empeña en combatirla, a través de la educación en valores, pero también de la exigencia de celeridad al Ministerio Público y la Policía.

Tristemente, en Guatemala se han producido casos de femicidio cuyos acusados primero mueren antes de llegar a un juicio público y transparente en el cual enfrenten a los testigos oculares de sus tropelías. Trabas judiciales, deficiencias procesales y hasta la misma corrupción por tráfico de influencias impiden sentar precedentes claros. Por otra parte, la violencia verbal, psicológica, económica o física pulula al amparo de la impunidad y a menudo se ve acicateada por prejuicios, estereotipos o simples silencios sociales que se amparan en mojigaterías, falsas imparcialidades e incluso distorsionadas presunciones,

Niños y niñas deben ser educados con una firme valoración de sus aptitudes y equidades, tanto en el hogar como en los planteles educativos. Los confinamientos por la pandemia trajeron un aumento en las denuncias de violencia en casa, no solo contra mujeres, sino también contra menores, pero, de nuevo, estas situaciones proliferan en tanto y en cuanto no exista una certeza del castigo severo para hechores u hechoras de estos ataques.

A causa del mismo riesgo que corren las verdaderas víctimas de este flagelo, cuyo solo reporte de desaparición ya debe marcar una prioridad de búsqueda y provisión de amparo, resultan tan reprochables las prácticas retorcidas de ciertas funcionarias y figuras politiqueras —obligadas de por sí a la cuentadancia por la naturaleza de sus ocupaciones— que interponen denuncias para obtener órdenes de alejamiento en contra de periodistas investigativos, a fin de evitar la rendición de cuentas de sus actos: con esas conductas de fraudulenta victimización les roban a las verdaderas mujeres en peligro la oportunidad de ser encontradas y rescatadas a tiempo.