Tardío resulta el llamado del Ejército de Guatemala dirigido a autodeclarados exmilitares y algunos posibles elementos en activo para mantener la prudencia, la cordura y, sobre todo, la compostura en el contexto de una exigencia, extemporánea y legalmente injustificable, de un bono de Q120 mil por cabeza, por supuestos servicios a la patria durante el conflicto armado, oficial y afortunadamente finalizado hace casi 25 años. Las tropelías cometidas el martes último por un grupo de los presuntos excastrenses, junto con las amenazas de desmanes peores para reclamar un pago forzoso, abarca tácitamente a todos los que integran tal demanda y, por ende, los hace parte de los actos terroristas que aseguran haber combatido en la etapa militar de su vida.

No hay honor ni gallardía y mucho menos respeto a las leyes en la cobarde agresión tumultuaria cometida en contra de comunicadores sociales de Prensa Libre, Guatevisión y otros medios que cubrían los disturbios desatados por una turba de supuestos exmilitares. Se dice supuestos porque hasta ahora el Ministerio de la Defensa no ha acreditado toda la nómina de soldados que prestaron servicio militar y que hayan estado en combate antes del 29 de diciembre de 1996.

En la frustración de no obtener un botín ofrecido por cabecillas y alentado por diputados irresponsables, y ante la inminente intervención de fuerzas especiales de la Policía por la violenta incursión e incendio en predios del Congreso de la República, algunos participantes de la protesta del martes agredieron a periodistas que no hacían sino cumplir con su servicio a la población. Expresiones de odio y amenazas se profirieron. Hubo empujones, golpes, patadas y destrucción de equipo. ¿Dónde quedaron los valores que tanto afirman haber defendido?

Lo peor de todo es que algunos dirigentes de tal movimiento, que solo emula prácticas desfasadas de expatrulleros civiles en 2002, 2003 y 2007, declaran sin ambages que lo sucedido es solo un inicio de peores actos de violencia y destrucción de la propiedad pública, con lo cual se convierten prácticamente en terroristas: aquello que alguna vez supuestamente combatían. El Ministerio Público no debe dejar pasar un día más sin investigar y emitir órdenes de captura en contra de los instigadores de este movimiento, que ayer fue prácticamente desconocido por el Ejército de Guatemala, pues no solo pone en peligro la seguridad pública, sino la institucionalidad y la estabilidad nacional. Ningún reclamo pecuniario justifica la violencia y menos los ataques arteros y cobardes en contra de periodistas indefensos.

No se puede evitar mencionar que el actual presidente, quien como candidato, en pleno afán electorero, alentó esta peligrosa insurrección a través de un ofrecimiento clientelar, lo cual está documentado en videos. Hoy, como comandante general del Ejército, le corresponde declarar públicamente la imposibilidad financiera de cumplir con la pretensión de marras.

La Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo y la Sociedad Interamericana de Prensa se han sumado a la condena unívoca de las agresiones hacia comunicadores sociales en el ejercicio de su trabajo.
Reiteramos nuestro compromiso por ofrecer información veraz, oportuna y completa a nuestras audiencias. Deploramos todo tipo de agresión e instamos al diálogo para la resolución de conflictos, así como al debido respeto a la institucionalidad democrática. Cualquier otra pretensión, chantaje o imposición violenta de intereses sectarios debe toparse con el sólido peso de la ley.