Retos de reglamentar ley de atención oncológica
El establecimiento de un registro nacional de pacientes de cáncer es uno de los puntos que podría contribuir a dimensionar el tamaño del reto.
A un año de la entrada en vigor de la llamada Ley de Atención Integral contra el Cáncer, aprobada por el pleno del Congreso el 15 de marzo del 2024, hay toda una presa de pendientes que se amontonan. Algunos están a cargo del Ministerio de Salud, como la elaboración del reglamento, que aún no tiene suficientes consensos ni criterios operativos, pero la propia normativa, publicitada por varias bancadas y diputados como “logro”, “hito” y “ayuda” a la población, adolece de vacíos, como la proporción y planificación de recursos, tanto para el funcionamiento de la Dirección Nacional contra el Cáncer como para la construcción de un hospital nacional especializado, que por una parte parece una gran esperanza, pero por la otra apunta a ser otro elefante blanco.
Y no es que no haya necesidad de atención oncológica. Por supuesto que la hay. Cada año se diagnostican entre 15 mil y 18 mil casos de cáncer —unos 45 diarios—, dato que evidencia la alta incidencia de ese tipo de padecimiento, que tiene un alto costo humano, emocional, económico y productivo. En hombres, los más frecuentes en años recientes son el de próstata —36% de diagnósticos—, hígado —12%— y estómago —10%—; en mujeres, el más frecuente es el de mama —una de cada cuatro detecciones—, cérvico-uterino —17%—, hígado —11%— y estómago —10%—.
La mencionada ley surgió de buenas intenciones, pero en su confección a cargo de políticos —que no necesariamente tienen conocimientos epidemiológicos prácticos— pesó demasiado el criterio centralista que hasta la fecha sobrecarga los dos grandes hospitales capitalinos de referencia: el San Juan de Dios y el Roosevelt, en los cuales ya hay algunas unidades específicas de atención a ciertos tipos de cáncer. A la larga, pudo más el afán de protagonismo y de exhibir logros convertibles a propaganda.
El establecimiento de un registro nacional de pacientes de cáncer es uno de los puntos que podría contribuir a dimensionar el tamaño del reto y ayudar a tener mejores estadísticas de incidencia, prevalencia, recuperación y esperanza de vida, según el tipo de padecimiento. El reglamento debe aterrizar el tipo de plataforma por implementar, el mecanismo de registro o reporte de casos, así como el seguimiento de mejorías, duración de tratamientos y decesos. No obstante, la carencia o la recopilación aislada de tales estadísticas solo forma parte de una larga cauda de rezagos en los registros nacionales de Salud.
El reglamento se encuentra ahora en una fase de consultas; un borrador fue enviado a médicos de hospitales nacionales, para obtener sus opiniones y sugerencias. Sin embargo, asociaciones de pacientes de cánceres específicos se quejan de no ser tomados en cuenta para tal configuración de procesos. Por muchos años, son estos grupos los que a través de múltiples campañas de recolección de fondos, prestación de servicios de apoyo e incluso provisión de consultas médicas o tratamientos con especialistas, han contribuido paralelamente con las dependencias estatales. Debería contarse al menos con sus opiniones, en las cuales puede haber claves pragmáticas.
La visión del gran hospital oncológico puede sonar líricamente visionaria, pero dado el impacto nacional de esta enfermedad, quizá valdría la pena considerar la creación y equipamiento de unidades descentralizadas de atención en hospitales nacionales, para evitar largos desplazamientos y acumulación de pacientes. Por supuesto, existe el reto de contar con recurso humano, médico, técnico y de enfermería, pero que no debería abordarse desde la creación de más burocracia, sino de brindar mejor cobertura y calidad de servicio.
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