Estados Unidos
Editorial
Retraso de ley antilavado beneficia a las mafias
Una ley moderna contra el lavado no solo persigue redes criminales: también protege la integridad del sistema democrático.
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Mafias multicriminales no solo operan en Guatemala, sino que aprovechan el rezago de la ley contra el lavado de activos, que data de hace 25 años. Tales grupos delictivos aprovechan múltiples posibilidades para el blanqueo de dinero, a través de canales y metodología que no están contemplados en la norma vigente, pero que sí figuran en la iniciativa 6593, presentada por el Ejecutivo al Congreso el 28 de julio del año pasado y que, más de seis meses después, sigue en espera de dictamen favorable, como si no urgiera cortarles la ruta del dinero a los delincuentes.
A inicios de este mes, la Superintendencia de Bancos (SIB) aportó datos acerca de que los mecanismos utilizados por mafias de narcotráfico, extorsión, contrabando, trata de personas y estafas tienen vasos económicos comunicantes. Comparten empresas de cartón, testaferros, activos virtuales y transferencias hacia países donde los recursos se hacen prácticamente irrastreables. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) denunció en el Ministerio Público manejos dudosos por Q8 mil 203.4 millones en 2023, Q9 mil 133.3 millones en 2024 y más de Q11 mil millones en 2025. No son rumores ni percepciones. Son indicios inequívocos de un incremento en la actividad de estos grupos que, en algunos casos, para blindarse, intentan comprar influencia partidaria y en estamentos del Estado.
Lamentablemente, el andamiaje legal es obsoleto. Es como tratar de combatir un virus digital moderno con una computadora del año 2001. Por lo tanto, cada día de atraso de la 6593, por supuestos análisis, beneficia a grupos ilícitos. Por supuesto, no se quisiera pensar que se trata de una dilación inducida en favor de oscuros financistas o allegados a ciertas dirigencias.
Apenas ayer, Prensa Libre divulgó una investigación con detalles sobre los hallazgos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que exhibe las modalidades modernas y cambiantes del lavado. No es solo dinero, porque para obtenerlo hay terror de familias extorsionadas, compra de voluntades, evasión de controles y también violencia ejercida por grupos ilegales. Se evidenció el actuar de una red de estafas que robó US$29 millones a 65 personas mediante el manido truco de ofrecerles altos rendimientos de inversión. Los fondos que las víctimas depositaron en efectivo pasaron por un alambique de cuentas y finalmente van a China, Panamá o Colombia.
La iniciativa 6593 propone reformas que abarcan diversas actividades que están en riesgo de ser utilizadas por bandas criminales y, por ende, necesitan ser monitoreadas por la IVE. Sin embargo, en un país en donde los fondos opacos pululan, sobre todo, en época electoral, la resistencia de ciertos financistas a rastrearlos es casi predecible, y esto se puede “leer” en la tácita indiferencia de numerosos diputados para agilizar su aprobación, aunque en público la elogien.
Guatemala ya ha sufrido demasiado por la laxitud con el dinero sucio. Se ha visto a múltiples exfuncionarios almacenar ingentes cantidades de efectivo, bienes millonarios impagables con su sueldo o fundar partidos dadivosos, pese a que años atrás andaban mendigando atención. No se trata de criminalizar la política. Por el contrario, se trata de dignificarla y protegerla. Una ley moderna contra el lavado no solo persigue redes criminales: también protege la integridad del sistema democrático, para que tales bandas no tengan con qué pagar cohechos ni con qué comprar armas o financiar ejércitos privados. Es tiempo de cortar el flujo dinerario, que es donde más les duele.
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