El colosal desfogue diario de toneladas de basura arrastrada por el río Motagua a lo largo de sus 480 kilómetros hasta el golfo de Honduras es un problema viejo, incesante y de pasmosas dimensiones que a muy pocas personas preocupa hasta que el vecino país reitera, cada vez con mayor fuerza, la posibilidad de interponer   una demanda internacional contra el Estado de Guatemala por los graves daños causados a sus ecosistemas costeros y a sus destinos turísticos en el Caribe.

El anterior gobierno hizo la pantomima de actuar, y su ministro de Ambiente presumió de haber sido el creador de un sistema de retención de sólidos, que no solo no era de su autoría, sino que a la larga era solo un paliativo de muy corto plazo. En lo que va de este período, solo han continuado las dilaciones y los parches para ganar tiempo, en lugar de acelerar el cumplimiento de la política de tratamiento de desechos sólidos y aguas servidas. Prefieren vender un país de bellezas incomparables, que las hay, y una competitividad envidiable al ver cierta parte de las cifras macroeconómicas, pero debajo de esa cáscara están las riberas del lago de Atitlán repletas de basura arrastrada por las lluvias y un porcentaje de población en pobreza sin precedentes.

Se anuncian “diálogos” con el vecino país para evitar la demanda, pero en la práctica no existe ninguna otra vía que no sea sanear el Motagua, un proceso que no será ni barato ni sencillo, ni rápido, pero que será más caro, más difícil y más prolongado si no se comienza desde ya. Esto es altamente improbable en un gobierno que niega realidades evidentes y al cual le quedan ya 14 meses y 22 días, aunque si se toma como parámetro el inicio de la campaña electoral cuando los oficialismos empiezan a quedarse solos, solo faltan 97 días.

Todavía no se desvanece la absurda pretensión de concentrar todas las entidades de cuidado ambiental, incluyendo las descentralizadas, bajo la férula del Ministerio de Ambiente. La actual imposibilidad de responder a la crisis del Motagua exhibe los descuidos y largas a los cuales se expone el patrimonio natural del país si se concreta tal dictadura ministerial, la cual solo busca medrar a costa de las regulaciones y potestades.

El problema del Motagua es solo el más visible. Con lamentable frecuencia se observan otras cuencas convertidas en tiraderos de basura en la Costa Sur, en el Altiplano, en las Verapaces y también en el Oriente del país.  Ello por no mencionar los precarios o inexistentes sistemas de drenajes de cientos de municipios, que usualmente son vertidos a ríos que corriente abajo sirven —o podrían servir— para el aprovisionamiento de agua de otras comunidades. Pero los propios guatemaltecos los han convertido en miasmas.

Ya solo restan 10 meses para la entrada en vigor del reglamento de desechos sólidos anunciado con bombo y platillo, que contempla la clasificación obligatoria de desechos según su origen. Desde la publicación del acuerdo legislativo en el 2021,  poco o nada se ha hecho para capacitar a la población en esta materia. Tan solo algunas iniciativas, como el EcoReto y algunas fundaciones ecologistas han creado materiales educativos, mas no el Marn, que es quien aprobó la endeble y parsimoniosa norma. Quizá están esperando a que se concrete la multimillonaria demanda hondureña o quizá a que los ríos se limpien solos. Este desafío precisa de una ciudadanía responsable, convocada a participar activa y constantemente, pero para eso hace falta un factor clave que no existe: liderazgo.