Con oficiosidad muy conveniente, el Congreso aprobó ayer, con 105 votos y bajo declaratoria de urgencia nacional, un subsidio al propano planteado por el Ejecutivo para paliar recientes alzas en este producto. Se vende como auxilio a los necesitados, pero en el fondo es un favor muy caro porque se trata de un tambo de gas populista, llenado por un gobierno rodeado de críticas por las deficiencias en la vacunación, el combate de la pandemia y sospechas de corrupción en diversos estamentos, avivadas con el destape del caso de compras anómalas en el Insivumeh.

Cabe repetir que fueron 105 los diputados que avalaron la iniciativa del Ejecutivo de imponer sobre las espaldas de los tributantes un monto de Q150 millones destinados a subvencionar precios de cilindros del propano de cierta capacidad. No quiere decir que las posturas tendientes a la protección del consumidor no tengan cabida o que se deban satanizar las compensaciones. Sin embargo, en este caso, se trata, a todas luces, de un parche populista para un problema que se enraíza en un juego oligopólico que impide la entrada de nuevos proveedores al mercado.

La vigencia de la norma es a febrero del 2022, pero no queda realmente claro el mecanismo mediante el cual se monitoreará la pertinencia y la efectividad del subsidio, tanto si los precios disminuyen como si llegan a aumentar todavía más. Como ocurría con el subsidio al transporte urbano, el mismo no llega directamente al usuario, sino que es pagado a los proveedores según el reporte de facturas electrónicas de la SAT trasladado al Ministerio de Energía y Minas. Quedan fuera restaurantes e industrias que usen cilindros mayores de 35 libras.

Si las autoridades gubernamentales y legislativas fueran serias y consecuentes con previos discursos, posturas y hasta reclamos a anteriores gobiernos, no comprometerían tal suma en una operación cuyo mecanismo depende de facturas electrónicas, un recurso moderno pero que podría dejar fuera a cientos de tortillerías o de ventas ambulantes de comida que no cuentan con un número de identificación tributaria.

La clave para lograr un juego de precios más favorable para los usuarios es propiciar reglas de competencia real. La herramienta está a la mano. Desde 2016 se encuentra varada en el Congreso la iniciativa 5074, Ley de Competencia, la cual prevé entre sus puntos medidas en contra de acuerdos subrepticios entre competidores, fijación artificial de precios, repartición de cuotas de mercado o chantajes para la distribución de productos o marcas, todo ello fundamentado en garantías constitucionales de acción, contratación, industria, comercio, elección, asociación y participación. De qué sirve que ciertas gaseras anuncien obsequios por fidelidad de clientes, si por otra parte sostienen precios que afectan a estos. Curiosamente, es una analogía que también aplica a los Q150 millones que no son del Ejecutivo ni del Congreso, son de la ciudadanía. Si por un lado se rebajarán hasta Q20 por un cilindro de 25 libras, la ciudadanía misma paga la diferencia: ironía total.

Entonces, en lugar de irse por el camino ancho de las peroratas demagógicas, los diputados deberían ponerse serios y abordar de forma integral el marco del sistema productivo. Además, esa misma alianza oficialista que avala esta “ayuda” politiquera está aprobando sin miramientos un presupuesto inflado y deficitario que incluye Q18 mil millones adicionales de endeudamiento que pagarán usted, sus hijos y nietos.