Bajo nuevas reglas, no necesariamente las idóneas, el Tribunal Supremo Electoral encendió ayer la luz verde al punto de partida de la contienda electoral, aunque el silencio para los candidatos se extenderá hasta el 18 de marzo, cuando se cierra el padrón electoral, empieza la propaganda partidaria y debe callar la parafernalia oficialista.

Este proceso arranca marcado por acontecimientos de mucha trascendencia para el país, con un equipo gubernamental empeñado en socavar las bases de la institucionalidad, con su ataque directo a las actuales autoridades del TSE, quienes no se han inmutado en reconocer que hasta el sistema fue copado por el financiamiento electoral ilícito, lo cual tiene por lo menos a la mitad de los partidos participantes enfrentando señalamientos por esa ilegalidad.

Como lo dijo ayer el presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi, el bien de la ciudadanía debe ser el objetivo de todos los participantes. “La elección de candidatos debe tener como condición que tengan una profunda empatía con la ciudadanía. No tiene sentido la participación de candidatos caudillistas”, en una clara alusión a los últimos protagonistas que han marcado los anteriores procesos eleccionarios.
No puede pronunciarse ningún discurso en el contexto de la apertura de un proceso electoral sin eludir la mención de quienes durante las últimas décadas han manipulado a funcionarios, algunos nombramientos en las más altas esferas de poder y también conformar equipos de gobierno o de los más altos poderes del Estado con claros objetivos oscuros.

Este proceso, iniciado ayer, busca derrumbar ese pasado de oprobio, que ha dejado un amargo sabor en la mayoría de los guatemaltecos, porque quienes han salido favorecidos en los distintos procesos electorales han defraudado a los votantes y han dejado un mal mensaje a quienes confían en la asistencia a las urnas como vía para el fortalecimiento de la gobernanza, todo lo cual ha quedado desvirtuado con el proceder de los escogidos por el electorado.

En las elecciones de hace cuatro años, la población no tenía la menor duda de que el enemigo por vencer era el sistema cooptado por la corrupción y las mafias corporativas enquistadas en el Estado. Pero al inicio de un nuevo proceso eleccionario, los guatemaltecos vuelven a quedar de cara ante un modelo aun más espeluznante, pues quien fue favorecido para combatir a esas estructuras se convirtió en su principal aliado y el primero en buscar impunidad para sí mismo y el círculo cercano de familiares y de colaboradores.

Una vez más, la posibilidad de cambio vuelve a quedar en manos de los votantes, pero tampoco será fácil enderezar el rumbo. La propuesta hacia una restauración de la institucionalidad es más bien pobre, pues la mayoría de los participantes busca apuntalar el viejo sistema o defiende los mismos intereses y objetivos de quienes durante las últimas décadas han participado de la rapiña.

La inasistencia de los presidentes de los tres poderes del Estado representa un desaire a uno de los procesos decisivos para el fortalecimiento de la democracia, aunque su ausencia no debe dejar de verse como un espaldarazo para las autoridades electorales, que con ello adquieren una imagen de mayor independencia. Esto es saludable, porque son las responsables de conducir con libertad este noveno proceso eleccionario de la era democrática.