Estados Unidos
EDITORIAL
Se acabó la ruta de las excusas hace largo trecho
Hace mucho se pasó el tramo asfaltado por las excusas.
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En el primer año del actual gobierno se tenía la excusa usual del relevo, a la cual siguió la temprana salida de la primera ministra de Comunicaciones, cuyo sucesor también dimitió y salió por la puerta trasera tras el primer invierno y sus daños en la infraestructura vial. Asumió un coronel del Cuerpo de Ingenieros, lo cual despertó expectativas de eficiencia, pero con el tiempo se fueron derrumbando. Por lo menos terminó de solventar el paso por la autopista Palín-Escuintla, pero, en general, el avance fue magro.
El Congreso aprobó en 2025 la Ley de Infraestructura Vial, en la cual se creaba la Dirección de Proyectos Prioritarios (Dipp), un ente a cargo de priorizar nuevas obras. Su ausencia previa era una invocación constante como excusa a la falta de nuevos planes viales visionarios. En dicha norma, en lugar de descentralizar, se amarró torpemente la toma de decisiones a delegados de tres ministerios —Comunicaciones, Finanzas y Economía—, más un representante del Colegio de Ingenieros como ente profesional y uno del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), en representación del sector privado. Las ausencias usuales de quien lo preside, la persona titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), dejan a la entidad varada: como un cabezal sin la rueda de adelante y a veces, dos. Para ajuste de penas, la Dipp sigue sin reglamento.
En este momento, el CIV llega a su cuarto relevo. A 20 meses del cambio de gobierno, a menos de un año que empiece la siguiente campaña electoral y a dos semanas de que arranque la nueva temporada de lluvias, prima la incertidumbre. El paso de Quetzaltenango a Retalhuleu sigue cortado y se ofreció terminar la obra en mayo. Ofrecer, nada cuesta. En la ruta CA-2 ya hay dos socavones, entre Cocales y Santa Lucía Cotzumalguapa. Y unos 30 puentes necesitan revisión o reparación desde antes de 2024. Pero podrían ser más.
De hecho, entre los proyectos “prioritarios”, adjudicados en marzo bajo la nueva ley, solo hay mantenimientos: un tramo de 39 kilómetros en la ruta CA-2 Occidente, en Quetzaltenango; otro en Taxisco, Santa Rosa, y también el puente de Río Dulce: necesarios, pero que llegan bastante tarde y cuya ejecución se efectuará durante la temporada lluviosa. Sin embargo, en enero, el Ejecutivo anunciaba en sus redes sociales 300 proyectos de mantenimiento, que estaban en fase “administrativa”, pese a que en realidad la red vial estaba ya en fase crítica.
Si existen entuertos legales o judiciales para el reinicio de proyectos estratégicos, como la ampliación fraudulenta que abandonó la infausta Odebrecht —cuyos gestores salieron libres de todo mal, gracias a deficiencias en la persecución—, el Gobierno debería vociferarlo y denunciarlo para deducir responsabilidades. Sin embargo, hace mucho se pasó el tramo asfaltado por las excusas y estamos en la terracería de las realidades, en el fango de las frustraciones y en la polvareda de las negligencias.
El reglamento de la Dipp tenía un plazo de 10 meses para ser entregado y puesto en marcha; la gerente de dicha entidad fue designada en noviembre, pero no puede trabajar si el directorio es inoperante. Entre las pocas obras que están avanzando se halla la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que es una alianza público-privada. No ha estado libre de trabas, debido a la inacción oficial para requerir la remoción de postes de tendido eléctrico. Hasta ahora, no hay ni una sola ruta principal nueva. El mencionado anillo regional solo tiene un tramo con alguna ejecución en Guanagazapa, pero, dada su extensión pretendida, debería quedarse adjudicada al menos la mitad, con todo y las negociaciones para el derecho de paso; si no, llegarán otro gobierno y otro ministro y otro tramo de excusas.
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