Uno de los grandes suplicios diarios, generalizados y caros para los ciudadanos, desde hace décadas es la baja eficiencia vial para la movilización vehicular, tanto en el núcleo metropolitano como en las carreteras nacionales. Lejos de una progresión sostenida, grandes proyectos han devenido en onerosos fiascos.

Los gobiernos han desarrollado y publicitado algunos proyectos de diversa extensión y calidad en distintas áreas, pero sin seguir un plan coherente y menos aún innovador que constituya la base para un servicio carretero sostenible, en calidad y mantenimiento. Y es que una visión a largo plazo de la infraestructura requiere de la transformación de ciertos marcos conceptuales, a fin de encontrar estrategias viables, literalmente.

La función rectora de la red vial del país a cargo del Estado debe mantenerse, a fin de contar con una visión integral y de continuidad, pero al igual que en otros países, se deben comenzar a estudiar y desarrollar otras modalidades para poder asegurar resultados concretos de beneficio a toda la población, sin que esto implique más gasto para el erario. De hecho, uno de los argumentos recurrentes para la mala atención a las carreteras radica en las limitaciones presupuestarias.

Resulta interesante analizar algunos de los puntos contemplados por las Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que pueden ser una opción a considerar para resolver determinadas prioridades que han permanecido relegadas a causa de falta de recursos. Uno de los casos más elocuentes de esta paradoja entre importancia estratégica y deterioro desatendido es la actual autopista entre Escuintla y Puerto San José.

En dicho tramo abundan segmentos prácticamente en calidad de empedrado, dadas las incontables grietas del pavimento, por el uso intensivo. El daño a la capa de rodamiento es causa de accidentes y fuente de gasto en reparaciones de vehículos. La reconstrucción y ampliación son urgentes, pero con el modelo actual la espera será eterna. Por ello, con la iniciativa 5506 se propone la rehabilitación, administración y mantenimiento de esa ruta a través de una alianza, totalmente financiada con fondos privados y que a la larga generaría sus propios pagos, además de regalías al Estado, mediante el cobro de un peaje, tal como se hace actualmente con normalidad entre Palín y Escuintla.

Tal vez no sea un modelo aplicable a todos los proyectos, pero puede constituir una prueba piloto que abriría las puertas a nuevas inversiones y brindar nuevas posibilidades de comunicación y crecimiento. Quien no desee hacer uso de la ruta reconstruida puede utilizar con total libertad la vía alterna gratuita.

Guatemala ha permanecido muchos años varada en cuanto a infraestructura vial. Tiene 16 kilómetros lineales de vías por cada 100 kilómetros cuadrados de territorio; países similares tienen 32 por cada 100; es decir, el doble. El comercio, el turismo, la generación de empleo y una nueva dinámica económica son aspectos que podrían tener nuevas perspectivas si tal iniciativa es debidamente discutida y aprobada. En un país en donde se han sucedido una y otra vez los mismos paliativos, expuestos a la volubilidad, la displicencia y las agendas políticas, bien podría intentarse una aproximación distinta, sujeta a constante revisión y consecuencias legales. A fin de cuentas, como bien lo dijo el físico Albert Einstein: no se pueden esperar resultados diferentes si se continúa haciendo siempre lo mismo.