Estados Unidos
EDITORIAL
Se eligen magistrados de CC, no mandaderos
El Congreso tiene 47 expedientes: cantidad suficiente para efectuar una elección digna.
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Hay días que marcan la historia y hay años cruciales. En una intersección temporal inédita, este 2026 confluyeron las designaciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en proceso; las de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), también en ruta; la de fiscal general, en plena marcha y la designación de rector de la Universidad de San Carlos (Usac), cada vez más próxima al relevo, pese a las tretas burdas de un grupúsculo rastrero e intolerante que fue apadrinado por el anterior oficialismo y que todavía cree estar en 2022.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) ya designó a su magistrado titular y suplente en una votación pública que marcó el repudio a toda una gama de traficantes de favores y la negativa mayoritaria al reciclaje de perfiles gastados. En el caso de la Usac, un dudoso Consejo Superior Universitario en el cual sigue habiendo una veintena de integrantes ilícitos por vencimiento de cargo, efectuó su designación de titular y suplente, aunque todavía se debe ventilar una impugnación relacionada con la supuesta falsificación de uno de los requisitos en el expediente de la magistrada electa Marisol Rivera.
En la tradición política estadounidense suele llamarse “supermartes” al día en que se concreta la mayoría de elecciones primarias para definir un candidato presidencial de uno o ambos partidos, algo que suele ocurrir en febrero o marzo. En un contexto totalmente distinto, este 3 de marzo es un día supercrítico para la configuración institucional del país: el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrían llevar a cabo hoy su elección de magistrados para la CC. Hay suficientes aspirantes como para andar considerando reciclajes. No es que esté mal la experiencia, pero se debe evaluar la integridad, la coherencia y los nexos que originan conflictos de interés.
La CC no es una oficina administrativa; es el bastión de defensa del Estado de derecho, el muro de contención contra los abusos del poder, el intérprete último de la Constitución Política de la República y la última frontera entre la legalidad y la arbitrariedad. Por ello, el clamor por la designación de magistrados intachables, equidistantes, sin favoritismos partidarios no es un criterio moralista, sino una exigencia de los principios republicanos.
El anterior oficialismo y partidos adláteres lograron armar, en la anterior designación, prácticamente un jonrón con bases llenas: precisamente lo que buscaba evitar el diseño constitucional de nominación múltiple y que evidentemente no ocurrirá esta vez, aunque el asedio contra la democracia de 2023 haya intentado conjurar. En efecto, los cabildeos, las alianzas y la exposición de ventajas y desventajas de nominados forma parte de esa dinámica política subyacente. Pero una vez designados, con todos los requisitos cumplidos, los magistrados de la CC son defensores del mejor interés del pueblo de Guatemala, no mandaderos de grupos.
La nueva magistratura de la CC debe iniciar funciones a más tardar el 14 de abril, para un período de cinco años. El Ejecutivo tiene 76 perfiles, suficientes para una elección certera, que debe ser pública y transparente. El Congreso tiene 47 expedientes: cantidad suficiente para efectuar una elección digna, idónea, con visión de futuro en la sesión de hoy. La CSJ ha tenido a la vista 39 expedientes, entre los cuales debe evaluar la coherencia y el respeto a las garantías democráticas y a la voluntad ciudadana. Nadie vinculado —o que tácitamente haya dado aval— al asedio contra la democracia tiene nada, absolutamente, qué hacer en el máximo tribunal que vela precisamente por ella.
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