Un decreto que debía ser aprobado o rechazado en tres días llega ya a 10 en un limbo tramitológico debido a la tardanza de su envío por parte del Ejecutivo y a la controversia en el Congreso, que no logró darle aval ni tampoco  desactivarlo, en medio de una pugna posiblemente preelectorera que se desarrolla en un campo de batalla contra una pandemia cuyas nuevas cepas cavan nuevas tumbas, ocupan más camas y plantean nuevos retos para las autoridades de Salud.

Las cláusulas sospechosas de intentar limitar la libertad de expresión causan ruidos innecesarios en un decreto que simplemente debía apuntar a un mejor control de aforos, toma de decisiones epidemiológicas y utilización eficaz de los recursos públicos en la atención hospitalaria y preventiva.  Si bien la economía se encuentra también en juego, es la salud de la población el más importante activo en riesgo, y sin esta, la primera no tiene destino.

La Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso conocer el estado de Calamidad para tomar cualquier decisión que marque una mayoría de 81 votos. Tal fallo es para unos una extralimitación y para otros una vía para que se avance en la certeza del marco jurídico en el cual se desarrolla la gestión de la pandemia. Queda claro que este estado de excepción debe permitir la rápida ejecución de recursos dirigidos a proveer de insumos, fármacos, equipo y vacunas a la población que los necesite y requiera.  Cualquier uso discrecional de recursos o manipulación para efectuar compras ajenas a la urgencia que motiva la Calamidad debería quedar taxativamente prohibido, de llegar a tenerse el aval legislativo, que puede aportar modificaciones al decreto del Ejecutivo.

Cuando se habla de acelerar y aclarar voluntades se está aludiendo directamente a todos los funcionarios y diputados involucrados en posibilitar una mejora concreta en la atención de pacientes y la prevención de nuevos casos. La vacunación apunta a ser la vía más clara de salvar vidas, evitar agravamiento de casos y potenciales muertes, pero debe ser acrecentada por todos los medios posibles con la celeridad necesaria. Los opositores políticos deben dejar de hacer lastre para dedicarse efectivamente a fiscalizar, con datos y hechos, la gestión del Ejecutivo, mas no frenarla con inasistencias o estrategias dilatorias. Por su parte, el Gobierno debe exhibir, ahora más que nunca, su disposición a corregir los errores, las deficiencias y los entuertos que siguen causando indignas y extensas aglomeraciones en busca de una vacuna, cuando supuestamente hay cientos de miles disponibles.

Por su parte, la población también puede clarificar su voluntad de no convertirse en víctima de un virus cuya agresividad y peligro no ha pasado. Sin caer en suspensiones dañosas de actividades o en restricciones que puedan provocar mayores pérdidas de empleos, oportunidades e ingresos, es necesario adoptar una actitud responsable a nivel personal, familiar y comunitario. Si bien la vacunación es un acto libre de protección ante una amenaza, es necesario incentivar la inmunización, difundir comunicación clara sobre sus beneficios y sobre la relativa minoría de sus molestias colaterales, con datos y evidencias que combatan los temores remanentes.

Salud tiene proyecciones poco alentadoras para las próximas semanas, si continúa la actual tendencia de contagios, pero está en manos de la ciudadanía y de los funcionarios públicos la cooperación para que no se concreten.