Se necesita una visión renovada, integral, intersectorial y transparente para poder trazar un nuevo porvenir para la infraestructura carretera del país, tanto por parte de los candidatos presidenciales como aspirantes de diputaciones y alcaldías, a fin de dejar atrás el cortoplacismo, los conflictos de interés y los proyectos fragmentarios, clientelares y miopes que a la vuelta de la esquina, literalmente, terminan en nuevos baches, debido a la falta de continuidad.

Durante décadas se han asignado miles de millones de quetzales a mejora o reconstrucción de carreteras por parte de distintas administraciones del Ministerio de Comunicaciones, pero eso no ha significado una mejora consistente. Prueba de ello es la velocidad promedio de 14 kilómetros por hora para el transporte de carga en el país, todo un lastre a la competitividad causado por el mal estado de las carreteras, vías insuficientes o la inexistencia de conexiones y rutas alternas que podrían potenciar el transporte de productos agrícolas e industriales desde determinadas zonas productivas y con ello contribuir a la descentralización del desarrollo.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de la falta de previsión de sucesivos gobiernos en los últimos 50 años lo constituye la ruta de la capital a Salamá, vía Las Canoas, que podría reducir notoriamente en tiempo y distancia el trayecto hacia las Verapaces, al evitarse el rodeo hasta El Rancho. Esta cuenta con algunos tramos asfaltados, pero también hay segmentos de terracería que se deterioran constantemente, sobre todo en el descenso a Rabinal, región agrícola, de gran riqueza cultural y potencial turístico que no puede ser aprovechado debido a las inconveniencias de acceso.

Pero este no es el único proyecto relegado: el Anillo Regional, que podría conectar a 58 municipios de ocho departamentos a lo largo de sus 400 kilómetros, es de importancia estratégica porque evitaría el tránsito innecesario en la capital, que actualmente es punto obligado de paso. El beneficio no solo sería un ahorro de costos, sino un alivio para los conductores del área metropolitana. Pese a que ya se ha construido parte de este megaproyecto, todavía hay trazos pendientes que se han visto frenados por diversas causas, que van desde la falta de presupuesto hasta los discursos populistas.

Ministros van y vienen que prefieren complacer exigencias de diputados que encuentran en las obras locales un botín político y también económico, a través de empresas constructoras allegadas. No es que las carreteras vecinales carezcan de relevancia; por el contrario, son otra necesidad imperiosa, pero de nada sirven unos cuantos kilómetros aislados si no se integran a una red funcional e inteligente. En este entramado de factores que han entorpecido la mejora en la infraestructura vial se encuentra el retraso normativo que dificulta la implementación de nuevas modalidades de adjudicación y manejo público privado, las cuales han sido atacadas mediante argumentos falaces por parte de grupos interesados en conservar el ciclo vicioso de proyectos de mala calidad para que al cabo de poco tiempo se vuelva a licitar la misma construcción, en detrimento del erario, del comercio, de la competitividad e incluso del bolsillo de los conductores. Por ello resulta clave que los candidatos, quienes en estos días buscan convencer de las supuestas bondades de sus respectivas propuestas, expliquen con cifras y prioridades su visión vial, de cara a una gestión económica responsable de Estado.