Con chantaje, ambigüedad, secretismo y negociado por un gobierno que se encuentra a cinco meses de finalizar con generalizado descrédito se firmó ayer en la Casa Blanca un acuerdo que eufemísticamente fue denominado como “relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección”, pero que fue ampliamente anticipado, forzado y luego celebrado como de tercer país seguro por el presidente Donald Trump.

Las amenazas de sanciones contra Guatemala que profirió Mr. Trump resultaron muy convenientes para que el negociador y firmante por parte del gabinete de Jimmy Morales, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, justificara tal asentimiento con aires de salvador de la patria. El contenido del acuerdo fue encubierto e incluso negado hasta el último momento. En dos platos el país se convertirá en un depósito de los migrantes que EE. UU. determine trasladar, tal como lo indica el artículo 3 del documento.

No bastaron los llamados de los candidatos presidenciales para detener tal despropósito o al menos dejarlo en manos del siguiente Ejecutivo; tampoco fueron escuchadas las voces ciudadanas, académicas, empresariales y políticas que subrayaron la imposibilidad de considerar refugio seguro al país de donde han salido hacia EE. UU. más de 200 mil personas en el último año, precisamente a causa de la falta de oportunidades y la inseguridad, un éxodo que se disparó precisamente en el período de Jimmy Morales, el mismo que hizo campaña entre grupos de migrantes en EE. UU., para los cuales no ha logrado absolutamente nada ante el gobierno de ese país, y de hecho no figuran ni siquiera en una línea de las posibles consideraciones de beneficio del convenio forzoso.

Se ufana el señor ministro Degenhart de haber contado con plenos poderes otorgados por el presidente Morales para la discusión sostenida a espaldas de la ciudadanía, a la cual ahora le tiran un documento de seis hojas que solo ofrece posibles permisos de trabajo en el área agrícola, sin detallar cifras, a cambio de que Guatemala retenga a los peticionarios de asilo sin posibilidad de expulsarlos. Ahora hará falta ver si el Congreso de la República reacciona dignamente por única vez en esta legislatura y escudriña el texto para encontrar sus inconsistencias, puesto que trata de aprovechar el convenio CA-4 de libre movilidad de centroamericanos como el engarce legal para rehuir el aval legislativo, pese a que se compromete al territorio nacional de una manera inédita.

El Ejecutivo estadounidense también tiene frente a sí una previsible batalla en el Congreso, en donde ya se cuestionaba con antelación la posibilidad de un acuerdo como el firmado bajo condiciones de hostigamiento. Así también puede haber un valladar legal en la resolución de un juez de California, según la cual el gobierno de EE. UU. no logró probar la idoneidad de Guatemala como “país seguro”, aunque tal frase no figura expresamente en el texto, pero su concepto se puede colegir.

El señor presidente Jimmy Morales pasará a la historia como el mandatario que llegó al poder en medio de la esperanza generalizada y que no solo decepcionó, sino que avaló convertir al país en sala de trámite y espera de migrantes en busca de asilo en EE. UU. Ni qué decir de sus ministros más allegados, junto a los cuales se rasgó las vestiduras en nombre de la soberanía nacional para después colocarla como alfombra, 113 días después de haber almorzado gallina en crema con loroco en una finca de Jalapa.