Resulta sorprendente la cifra de interrupciones en el fluido eléctrico registradas en todo el país: al menos 30 mil incidentes por semestre, los cuales pueden durar desde unos cuantos minutos hasta dos días. Las causas varían, desde accidentes de tránsito, impactos climáticos en las estaciones o líneas de transmisión, reparaciones programadas, cortes por falta de pago o sobrecargas del sistema por conexiones ilegales efectuadas para evadir el pago de tarifas.

Sin embargo, las interrupciones, incluso las programadas y anunciadas, inevitablemente causan pérdidas, inconvenientes logísticos y retrasos en la actividad comercial, sobre todo en centros urbanos, en donde se sobrecarga el tránsito, falla la conectividad digital o se suspenden transacciones hasta que se restablece el flujo. Pese a ello, según datos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNE), el consumo de energía ha crecido 8.8% este año respecto de 2020, evidencia de un incremento en la prestación del servicio y de la actividad económica.

La causa más frecuente de los cortes es el colapso o caída de elementos de la red de distribución por efecto del viento, tormentas, caída de árboles o incluso sismos sobre instalaciones que requieren de un mantenimiento preventivo o correctivo. Sigue toda una gama de factores, entre los cuales el de menor escala es la generación. En otras palabras, la producción energética del país, ya sea con fuentes térmicas, hidroeléctricas, de biomasa, solares o eólicas es lo suficientemente estable. Sin embargo, la extensión de las redes, la distribución geográfica y las características topográficas del país pueden representar un desafío de ingeniería y supervisión para garantizar la estabilidad de las líneas.

El Instituto Nacional de Electrificación reportó que dentro de la actividad de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (Etcee) solo se han dado suspensiones de energía debido a tormentas eléctricas, árboles caídos y cortes por mantenimiento en subestaciones y líneas de transmisión, factor que ha tenido impacto, sobre todo, en zonas metropolitanas, en las cuales a menudo estudiantes han visto interrumpidas sus clases en línea, debido a falta de receptores de señal en sus domicilios o a la interrupción momentánea del servicio de internet en ciertos sectores.

En todo caso, los beneficios de la electricidad para toda la población, desde la iluminación hasta la posibilidad de utilizar todo tipo de aparatos, se han expandido a casi todo el territorio nacional. Lamentablemente, existen personas o grupos que se resisten a pagar por el servicio, con diversos argumentos, pero continúan haciendo uso del mismo. Las conexiones ilegales causan bajones o sobrecargas que impactan a toda la red, incluyendo a usuarios que sí sufragan su servicio domiciliar. En no pocos casos los empleados a cargo de desmontar estos puntos de robo energético han sido amenazados e incluso agredidos, con lo cual las acciones alcanzan características delictivas que, penosamente, son azuzadas por grupos que usan tácticas clientelares, discursos populistas desfasados e incluso financian actividades politiqueras que quedan desmentidas al importarles muy poco el daño a terceros.

Tanto generadoras como distribuidoras de energía están llamadas a implementar mejoras e innovaciones constantes en sus procesos de funcionamiento, revisión y reparación, a fin de aminorar los apagones y sus impactos económicos entre los usuarios.