El abordaje de la seguridad pública en el país necesita una seria revisión después de haberse manejado, durante demasiado tiempo, con un enfoque reactivo, fragmentado y con excesiva tolerancia hacia la improvisación o el cortoplacismo. La ciudadanía padece a diario el asedio de la criminalidad común, desde los atracos en transitados tramos citadinos hasta la infame continuidad de las exacciones coordinadas por pandilleros desde centros carcelarios o por imitadores, igual de perniciosos.

Existen, asimismo, amenazas regionales, como carteles del narcotráfico, mafias de trata de personas, grupos de contrabandistas y bandas de saqueadores de maderas preciosas, especies silvestres y minerales como el jade, los cuales a menudo tienen vasos comunicantes aunque también rivalidades por el control de rutas. El poder de armamento ofensivo se combina con los intentos por intimidar o copar a ciertas autoridades locales, sobre todo de municipios fronterizos, para actuar con impunidad a veces en contra de la misma población, aunque con discursos eufemísticos y estrategias de presión. Basta ver el acoso de grupos armados en contra de comunidades de Chiapas, México, a las cuales hasta han dejado sin luz ni agua, en un abierto terrorismo que pone en jaque a las autoridades de dicho país.

En fecha reciente se anunció un análisis y posible reestructuración del Consejo de Seguridad Nacional, para que en efecto deje de ocuparse en minucias y comience a analizar los factores, detonantes y riesgos delictivos para el territorio y, por ende, la ciudadanía de Guatemala. El crecimiento económico, la expansión del turismo y la inversión para crear empleos dependen de una certeza sobre las prioridades reales de la seguridad pública.

El resguardo de las fronteras con México y Centroamérica debe llegar a tener una nueva dimensión tecnológica y estratégica. Los llamados “pasos ciegos” tienen que ser reducidos, lo cual conlleva cambiar los protocolos de acción de la Policía Nacional Civil a fin de acabar con las discrecionalidades, por ejemplo, en cuanto al paso o detención de migrantes desde Honduras y El Salvador.

Es evidente para todo ciudadano con dos dedos de frente que uno de los núcleos de la transformación en la seguridad está en el Sistema Penitenciario, cuyo abordaje punitivo y de rehabilitación debe ser objeto de una reforma radical. Desde hace más de 10 años se han ofrecido asesorías para diferenciar centros de detención por niveles de riesgo, con mecanismos para poner a trabajar a los reclusos, a fin de cerrar la era de “universidades del crimen”, que es lo que han sido hasta nuestros días. Ello exige una depuración de personal, el establecimiento de procesos de carrera penitenciaria que no estén sujetos solo a veleidades politiqueras o, todavía peor, a componendas en busca de réditos inicuos.

En el ciclo de la certeza jurídica contra el crimen es imprescindible, además, el funcionamiento integral e íntegro de otras entidades de justicia, como las fiscalías, los juzgados, las salas de Apelaciones y las más altas magistraturas. La Corte Suprema de Justicia, que solo dispone de nueve meses por delante, tiene la oportunidad de comenzar una transición que debería ser completada por sus sucesores, que tomarán posesión el 13 de octubre próximo. Entidades como el Colegio de Abogados y facultades de Derecho, partícipes de procesos vinculados a la justicia, también deben renovar sus enfoques, para servir al bien común de la ciudadanía y no a agendas personalistas o sectarias.