En un ciclo recurrente de dolorosas fatalidades, la tarde del miércoles 16 volvió a ocurrir una tragedia vial en la ruta Interamericana, a la altura del kilómetro 19.5: un tráiler descontrolado colisionó contra varios vehículos que quedaron destrozados, mató en el acto a dos personas y dejó heridas a más de 10, con la consecuente cauda de luto para familias guatemaltecas. No es el primero ni el último accidente del mes, ni del año. De inmediato se anunciaron medidas de reducción de velocidad, uso de un solo carril —en una carretera de dos en cada dirección— y retenes de verificación de permisos para conducir. Son disposiciones reactivas que dan apariencia de atención, pero no solucionan el problema de fondo, a la vez que ocasionan otros efectos.

Arterias citadinas y carreteras departamentales han sido escenario de dantescos accidentes, a menudo relacionados con exceso de velocidad, imprudencia, inexperiencia o incluso prepotencia de ciertos conductores del transporte extraurbano y de vehículos pesados, la falta de controles en la emisión de licencias para conducción comercial y la laxitud de las autoridades ante los transgresores, una indolencia que dura hasta que viene otra tragedia y entonces comienzan los operativos propagandísticos, las parafernalias efectistas y el endoso mutuo de culpas.

Es oportuno señalar repudio a cualquier aprovechamiento de una tragedia con miras a que cualquier funcionario, edil o gubernamental, intente ganar protagonismo y exposición pública a través de discursos populistas y medidas de corto plazo que no atacan el fondo del problema de la siniestralidad vial. Se necesitan propuestas serias, diálogos integrales, acciones interinstitucionales y visión prospectiva, algo que resulta imposible combinar con los populismos.

Son cuatro las áreas de trabajo en busca de la disminución de los factores de peligro público en el tránsito. La primera es la emisión de una nueva ley de tránsito, con conceptos actualizados, criterios legales modernos, clasificaciones realistas y sanciones graduales aplicables mediante registros digitales a los conductores que incurran en faltas reincidentes. Esto conlleva la revisión de procesos para la obtención de licencias, el doble chequeo de peritajes para evitar sobornos y la necesidad de contar con un seguro de daños a terceros, cuando mínimo.

Segundo, la unificación de criterios de las policías municipales de Tránsito y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, para evitar discrecionalidades o ambigüedades. Sucede que muchas comunas son buenas para cobrar multas por mal parqueo, pero totalmente ineptas para regular el tránsito en áreas críticas, sancionar a quienes conducen sin luces en la noche, a quienes irrespetan el semáforo o a motoristas que no utilizan el casco reglamentario.

Tercero, la supervisión periódica, al azar, según cifras de kilometraje, a vehículos de pasajeros y de carga de todo tipo, como una medida de responsabilidad dirigida a conductores, pero también a propietarios. Llantas lisas, frenos deficientes o chatarras andantes simplemente no pueden tolerarse. Finalmente, a largo plazo, la mejora en la infraestructura vial debe ser una responsabilidad constante. Se paga un impuesto por combustibles, y sin embargo aún hay carreteras sin señalización. Esto incluye el desarrollo de nuevas vías, como el anillo regional metropolitano, una solución que evitaría el ingreso a la zona metropolitana de camiones que van de paso, pero además sería un potenciador de competitividad. Pero esto solo se puede lograr con trabajo en equipo y visión integral.