Continúa sumando nombres la lista negra en la cual Estados Unidos designa por corrupción a personas que otrora se rasgaban las vestiduras en nombre de un falso patrioterismo, en supuesta defensa de la transparencia o en apoyo de gestiones opacas de gobierno. No ha transcurrido ni siquiera un mes desde que llegó el nuevo embajador de la potencia del norte, William W. Popp —y apenas a 10 días de su presentación de cartas credenciales— cuando el Departamento de Estado revela que la exdiputada tránsfuga Delia Bac y el aún primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, son los nuevos sancionados con el retiro de visa para ingresar a dicho territorio, una de las más fuertes medidas hacia ciudadanos de otros países.

“Los actos corruptos de Delia Bac y Felipe Alejos Lorenzana socavaron el Estado de Derecho en Guatemala. Los designo públicamente, junto con familiares inmediatos de Alejos, como personas no autorizadas a ingresar a EE. UU. Continuamos unidos contra la corrupción con nuestros socios en Guatemala”, dijo Mike Pompeo, Secretario de Estado del gobierno de Donald Trump.

Con esto se suman a una nómina de señalados por el gobierno estadounidense, entre 2019 y 2020, de tener vinculación con actos ilícitos que dañan la institucionalidad, la justicia, la probidad y la democracia. En este listado figuran, entre otros, el operador político Gustavo Alejos Cámbara, el exministro de Energía Erick Archila, el excandidato Manuel Baldizón —actualmente en prisión en Georgia, por lavado—; Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala; José Antonio Coro García, exalcalde de Santa Catarina Pinula; Arístides Crespo, expresidente del Congreso; Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS; Beatriz Ofelia de León, expresidenta de la CSJ; Baudillo Hichos López, exdiputado recientemente favorecido en tribunales; Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación —en prisión—; Luis Armando Rabbé, expresidente del Congreso; Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones; y Blanca Aída Stalling Dávila, magistrada de la CSJ separada del cargo.

El mensaje más fuerte de Estados Unidos, principal socio comercial de Guatemala y lugar de residencia de casi tres millones de connacionales cuyas remesas apuntalan la economía, no es solo la designación en sí misma, sino la advertencia tácita de consecuencias para todos aquellos individuos —ya se trate de funcionarios, magistrados, jueces o cualquier otra autoridad— que se presten a encubrir hechos, a entorpecer la aplicación de la ley, a proteger a señalados o a copar instituciones públicas para fines ilícitos.

La soberanía de Guatemala se encuentra intacta, así que cualquier cantaleta de injerencia es resobada y poco creíble. En todo caso, es trabajo de las instituciones locales a cargo de la investigación e impartición de justicia dar continuidad a los indicios que pueda aportar EE. UU. por su decisión. Así también es tiempo de que el gobierno de Alejandro Giammattei deje que el Ministerio Público y la Contraloría de Cuentas se hagan cargo de las pesquisas por la transferencia de Q135 millones y reconozca que la tal Comisión Anticorrupción no puede ser juez y parte, mucho menos filtro. Así también, el Congreso, si quiere alegar dignidad y nacionalismo, que empiece por elegir ya a las nuevas Cortes, de viva voz, sin nóminas prefabricadas ni contubernios que puedan llevar más nombres a la lista negra.