Estados Unidos
EDITORIAL
Sistema postulador debe ser revisado
El sistema de comisiones de postulación ya no responde a su propósito original.
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En la fase culminante, la conformación de la nómina para elegir fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, y ya concluido el proceso de postulación y designación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sumado al proceso de designación de Corte Suprema de Justicia en 2024, el diagnóstico es imposible de evadir: el sistema de comisiones de postulación en Guatemala ha llegado a un punto de agotamiento.
Lo que en su momento fue concebido como un mecanismo para garantizar equilibrio, sentido crítico y evaluación profesional y ética de candidatos a cargos públicos, hoy se encuentra distorsionado por múltiples intereses y afanes de influencia. El principal valladar se encuentra en la discrecionalidad con la cual se evalúa la idoneidad profesional o la ética de los aspirantes. Pesan más ciertos aspectos convenientes, al punto de que con altas notas se mezclan candidatos de evidentes méritos con otros que han protagonizado públicos dislates, por decir lo menos.
La norma de las comisiones fue explotada para abrir espacios a los conflictos de interés, a las negociaciones políticas y a la apertura de universidades con el solo fin de incidir en estos procesos de importancia nacional y de amplio impacto en la población en general.
Distintas voces calificadas, a nivel nacional e internacional, coinciden en que el modelo se ha visto contaminado por variantes de las prácticas que pretendía evitar. La repetición de patrones en cada ciclo de elección, así como la presencia de actores con vínculos cuestionables o evidentes nexos politiqueros, refuerzan la percepción de un mecanismo que no puede volver a repetirse.
Se confió la misión de las postuladoras, sobre todo, al gremio de los abogados, por ser los principales depositarios de la defensa del Estado de derecho y el ejercicio de las leyes. Sin embargo, las escisiones, pugnas y exclusiones que se han visto, protagonizadas, forzadas o impuestas por grupos de abogados, llevan a cuestionar si solo un gremio debe decidir sobre el futuro de la sociedad y las instituciones.
No está mal tener posturas ideológicas o doctrinales distintas, tampoco es ilegal contar con simpatizantes dentro del gremio: el problema es cuando, a través de maniobras desde instancias de justicia, se busca incidir en un resultado.
El problema no es exclusivo de Guatemala, pues en todos los países hay disputas de paradigmas. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la discusión acerca del posible retiro anticipado de dos jueces para que el actual Ejecutivo designe a sucesores que sigan su línea, en lugar de arriesgarse a que a un próximo gobierno, de otro partido, le toque elegir en caso de deceso.
¿Cuál debe ser el nuevo modelo para tratar de aspirar a objetividad en la evaluación de personas? Esa es tarea de la ciudadanía guatemalteca, de instituciones académicas, de las propias universidades y también de la representación pública en el Congreso, pues las comisiones de postulación fueron creadas por una ley.
Más allá de la fórmula específica, lo que está en juego es la institucionalidad del sistema de justicia. El gran objetivo de fondo es reducir la impunidad, combatir la corrupción y enfrentar la criminalidad, común y organizada, que a menudo busca torcer la balanza a su favor, así como penetrar en estamentos del Estado.
El sistema de comisiones de postulación ya no responde a su propósito original, y eso, en pensamiento estratégico, es una premisa que obliga a la transformación, pues, de lo contrario, conduce a la degradación de las funciones de las entidades necesitadas de liderazgo íntegro.
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