Las históricas limitaciones estructurales del Estado de Guatemala, debido a la baja recaudación, deficiente uso de los recursos públicos y ausencia de un plan nacional de largo plazo que vaya más allá de la división de zigzagueantes cuatrienios hacen necesario y valioso el aporte de la comunidad internacional mediante la cooperación monetaria, técnica y profesional; es decir, programas de cooperación en diversos campos, de los cuales destacan el fomento a la educación equitativa, la atención médica preventiva y curativa en áreas remotas, así como la generación de planes de desarrollo comunitario con pertinencia cultural y competitivamente viables.

En teoría, la asistencia internacional es un acompañamiento temporal, ya sea por desastres naturales o crisis de funcionalidad. Se incrementó a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz de los cuales este año se cumplen 25 años, y con el tiempo han decrecido debido al fenecimiento de plazos, las posibilidades financieras de los países o bloques cooperantes, así como a la intensa “competencia” por tales fondos. Lamentablemente, las incoherencias de sucesivos gobiernos, las ineficiencias en muchas gestiones a nivel municipal o nacional y la discontinuidad institucional lastran los procesos de mejora.

De esa cuenta, es posible encontrar, sobre todo en la provincia, numerosas iniciativas que deberían ser financiadas por el Estado pero al no contar con recursos reciben el auxilio de donaciones externas. Entre ellas figura el impulso del liderazgo en niñas y mujeres, la promoción de una nutrición adecuada en los primeros años de vida o el encadenamiento de proyectos productivos artesanales, agropecuarios o tecnológicos.

Con frecuencia tales planes son encabezados por comités comunitarios, organizaciones no gubernamentales o agencias de cooperación que buscan evitar cualquier aprovechamiento politiquero o clientelar. Es así como en los últimos años el país ha recibido más de Q13 mil millones en cooperación internacional, lo cual no es una bagatela y por lo cual resulta preocupante la ambigüedad de términos con la cual está redactada la ley de oenegés que, en todo caso, debería servir para coordinar, optimizar y dar continuidad, en lugar de usarse como herramienta de censura.

Periódicamente surgen sospechosos y rancios reclamos de ciertos individuos que invocan la soberanía nacional como un pretexto para aislar al país respecto de monitoreos en materia de gobernanza, transparencia, conservación ambiental o respeto a las libertades ciudadanas. En el período anterior se hizo socorrido tal argumento, que paradójicamente suena parecido a los proferidos en Venezuela, Nicaragua y más recientemente El Salvador. En un mundo interconectado, competitivo, tales estrategias discursivas solo buscan preservar impunidades, incluso a costa de la ayuda provista a la población necesitada.

Cabe dejar asentado que ninguna asistencia económica o técnica puede efectuarse a costa de principios fundacionales o de transgredir valores culturales del país beneficiario. Es por ello que se signan acuerdos que enmarcan los objetivos y alcances de toda ayuda. Sin embargo, llegada la emergencia, ya sea natural o de otro tipo, lo más importante es contar con una mano amiga. Y baste como ejemplo el caso de las vacunas: mucho antes de que llegara el primer 0.3% del pedido comprado de vacunas rusas, hubo dos naciones que enviaron donaciones, lo cual no solo ayudó a la población sino al mismo Ejecutivo.