El conflicto de interés constituye uno de los conceptos políticos y jurídicos cuya comprensión parece llevar más trabajo a funcionarios y figuras públicas, pues constantemente ocurren situaciones en las cuales una persona que se desempeña en un cargo estatal se encuentra ante la disyuntiva de servir a sus propias conveniencias o atender los intereses nacionales. Lamentablemente, los ejemplos sobran, como el caso de los diputados que aprueban leyes que abiertamente contravienen la Constitución pero como están señalados de delitos buscan la manera de escabullirse bajo tecnicismos inmorales. Su conflicto de interés radica en que la función para la cual fueron electos riñe con el beneficio individual que buscan conseguir.

Esta semana, Prensa Libre ha publicado tres reportajes sobre decisiones criticadas y conductas caracterizadas por la opacidad en el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), una entidad descentralizada del Estado, cuyo objetivo es garantizar la provisión de energía eléctrica al país mediante diversas instalaciones propias de generación hidroeléctrica, térmica y geotérmica, además de contratos con proveedores externos.

Los sucesivos cambios en la matriz energética del país y la evolución tecnológica en esta industria han obligado a la inclusión de mecanismos fotovoltaicos; es decir, que transforman la energía solar en electricidad como una opción, o eólicos, mediante el aprovechamiento del viento. Es necesaria la actualización, sobre todo de cara a la crisis ecológica global y a las previsiones de agotamiento de combustibles fósiles, así como a los cambios en los patrones de lluvias que impactan en los caudales de los ríos, y por ende, en las plantas hidroeléctricas, que constituyen en la actualidad la mayor fuente de generación.

El problema surge cuando, a partir de una necesidad pública y mediante un cargo, se busca obtener beneficios personales e incluso se hacen negociaciones con proveedores, como se diría en vox populi, “a compadre hablado”, con el objetivo de apoderarse de millonarios contratos a largo plazo. Eso fue precisamente lo que suscitó fuertes señalamientos, en agosto pasado, hacia una licitación de energía solar del Inde, efectuada con sospechosa rapidez. En el negocio se incluía compra de terrenos en el oriente del país, cuyos propietarios tenían los mismos apellidos de uno de los directivos: una gran coincidencia.

Pero la cosa no acaba allí: existe un contratista del Inde que parece ser amigo de dos directivos. Al menos eso se deduce de que ambos hayan sido invitados a la boda del empresario, celebrada en México, para lo cual faltaron incluso a labores un día hábil y viajaron por separado para reunirse en Cancún. En los dos últimos años la empresa ha visto aumentados sus contratos con el Inde, según la investigación de Prensa Libre.

La resistencia de los directivos a dar declaraciones fue casi lógica en el entorno de un obvio conflicto de interés. Es posible que se invoquen legalismos alambicados para intentar justificar determinadas imprudencias, pero ello solo hace más dudosos aún a tales personajes. Recuperar la ética del servidor público es una misión urgente, pero no mediante frases moralistas o argumentos religiosos, sino con una cultura sólida de integridad, visión de Estado, coherencia entre discurso y acción. Lamentablemente, un presidente que en un tiempo clama soberanía y después recibe sonriente las felicitaciones de un jefe de Estado extranjero por un acuerdo migratorio que ha sido deliberadamente ocultado a la ciudadanía durante 145 días —y contando— no resulta precisamente el mejor ejemplo.