Estar infectado de covid-19 no es un delito ni debe convertirse en un estigma, así como no lo es ser paciente de VIH, hepatitis, sarampión, gripe o cualquier otra enfermedad viral o bacteriana. La política de prevención sanitaria contra la pandemia abarca un conjunto de medidas dirigidas a evitar los contagios; pero nunca, entiéndase, nunca puede ni debe ser esgrimida como justificación para perseguir, insultar, agredir o incluso tratar de linchar a personas enfermas.

Es inaceptable cualquier fobia, segregación o comportamiento discriminativo contra pacientes de covid-19, ya se trate de ciudadanos residentes, connacionales deportados de Estados Unidos o incluso extranjeros. Esto se justifica por elemental ética: debo tratar a otros como yo quiero ser tratado. Nadie está exento de llegar a padecer un cuadro de este tipo, por una amplia variedad de causas profusamente divulgadas. Nadie pide estar enfermo, pero si alguien sospecha ser portador de coronavirus está en la obligación de reportarlo a las autoridades y seguir las indicaciones. Precisamente por eso fue grave la irresponsabilidad cometida por algunos médicos en semanas anteriores, que llevaron a parientes a hospitales públicos a sabiendas del riesgo, y con ello obligaron a poner en cuarentena a otros facultativos, privando así de personal necesario a los centros asistenciales.

Así también es necesario que las personas enviadas a cuarentena o recluidos en áreas de atención implementadas por el Gobierno respeten el aislamiento. Ayer, lamentablemente, se reportó la fuga de dos personas del Parque de la Industria, pero aun así su localización debe estar en manos de las autoridades, así como el refuerzo de la seguridad de esa área.

En la misma forma, todos aquellos que aún están sanos deben seguir las medidas preventivas: respetar toque de queda, usar mascarilla, mantener distancia segura, a fin de proteger a sus seres queridos con acciones responsables y no con exabruptos. Paradójicamente, la turba presuntamente integrada por miembros de Cocodes de Quetzaltenango, que querían atacar y expulsar a un grupo de compatriotas retornados, no solo acarrean vergüenza a su comunidad por su carencia de solidaridad y empatía, sino además se expusieron, por su imprudencia, a convertirse en riesgo de salud para sus propios hogares: muchos de ellos no llevaban mascarilla ni protección alguna.

Una de las duras enseñanzas que ha traído la calamidad es que nadie puede resolverla solo, ni como persona ni como país. Por ello, fue oportuno el cuestionamiento serio, pero vehemente, de la Conferencia Episcopal de Guatemala hacia la política de deportaciones mantenida por Estados Unidos y México a pesar de la pandemia de coronavirus, la cual calificó de “inhumana”. La supuesta demostración de fortaleza institucional solo deja entrever inercia burocrática prevaleciente dentro de tales protocolos de expulsión, quizá legalmente justificada, pero éticamente inaceptable en las actuales condiciones.

Para concluir, cabe señalar que si nadie criticó los miles de millones de dólares enviados por migrantes en remesas en años anteriores, los cuales contribuyen a mantener a flote las finanzas nacionales, ¿por qué no habría de solidarizarse con todos aquellos que fueron detenidos en redadas, separados de sus familias y enviados al país donde nacieron, pero el cual dejaron en busca de nuevas esperanzas? Que encuentren aquí el consuelo de al menos ser recibidos como hermanos.