Estados Unidos
EDITORIAL
Son alcaldías, no señoríos feudales
Han existido grupos irregulares y criminales que han entorpecido la puesta en marcha de proyectos en varias regiones del país.
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La autonomía municipal es uno de los pilares de la descentralización democrática en Guatemala. Gracias a ella, las comunidades pueden elegir a sus autoridades locales y gestionar asuntos que afectan directamente a las necesidades de gestión de servicios públicos. Sin embargo, no se trata de una potestad ilimitada, mucho menos de una licencia feudal que convierta al territorio municipal en una zona aparte. No es tampoco un pretexto para obstaculizar el desarrollo nacional mucho menos un aval inveterado para el sabotaje de proyectos de inversión a nivel nacional que ya han cumplido con los requisitos establecidos en ley.
El lamentable caso de la obstaculización de la comuna de Mazatenango al proyecto vial Xochi es el más reciente de tales casos, en los cuales algunas autoridades ediles invocan la autonomía para bloquear inversiones estratégicas que benefician no solo a un municipio, sino a una región interdepartamental completa. Es obvio que tales figurones desconocen que la autonomía municipal, por naturaleza, existe para administrar intereses locales, no para anular competencias gubernamentales a nivel nacional.
Todo el país necesita de energía eléctrica, y existen proyectos de generación y transmisión que ya cuentan con los estudios ambientales, los avales técnicos y las resoluciones administrativas requeridas por la legislación. Sin embargo, algunos de estos proyectos están varados debido a la falta de juicio de municipalidades que crean requisitos adicionales inviables y a la larga ilegales. De hecho, son más de 40 los proyectos energéticos que enfrentan obstáculos derivados de desvaríos discrecionales de alcaldes o concejos: cobros sin fundamentos, exigencias exorbitantes o simples negativas discrecionales.
Ningún inversionista —nacional o extranjero— arriesgará millones de dólares en proyectos de largo plazo en Guatemala si después de cumplir con todos los procedimientos legales descubre que una autoridad local puede detener la inversión mediante decisiones impredecibles o interpretaciones caprichosas de sus atribuciones. Ciertos alcaldes acomplejados parecen olvidar que coadyuvar al desarrollo económico del país también es una responsabilidad municipal, pues los empleos, los ingresos tributarios, la actividad comercial y las oportunidades para la población no siempre surgen localmente.
Pero aquí entra una cuestión preocupante: han existido grupos irregulares y criminales que han entorpecido la puesta en marcha de proyectos en varias regiones del país, precisamente para mantener la pobreza, pues esto les provee de un caldo de cultivo para la conflictividad que disfraza sus desmanes; peor aún, utilizan a los pobladores como parapeto o carne de cañón, sin miramientos. Dada la penetración de narcofinanciamientos en ciertas regiones, y al ver ciertas conductas ediles, no sería extraño que detrás de la oposición a proyectos de inversión exista un apoyo interesado en mantener la precariedad y el subdesarrollo.
Tampoco han faltado alcaldes que, en lugar de buscar vías de entendimiento y complementariedad de esfuerzos, se hayan amparado en la autonomía para echar por tierra esfuerzos de beneficio nacional, como ocurrió con el reglamento de desechos sólidos o de tratamiento de aguas servidas, que fueron torpedeados incluso en la anterior Corte de Constitucionalidad, que sentó así nefastos precedentes de extralimitación municipal. Tales desatinos deben ser corregidos para que ningún alcalde ni concejo confunda municipio con feudo.
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