En varias ocasiones, desde su llegada al cargo, se consultó a la fiscal general, María Consuelo Porras, sobre su relación con el titular de la Fiscalía contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, precisamente porque en ocasiones se atisbaron choques de prioridades. Todas las veces lo elogió y exaltó su labor. En la entrevista publicada en Prensa Libre el 31 de mayo último, al cuestionar esa situación, la fiscal Porras dijo: “A mí me agrada que tenga esas miradas, porque reconocen el trabajo del MP… El hecho de que haya buenas miradas para mis fiscales me complace de sobremanera, y me entristecería si hablaran mal de ellos, porque yo respondo por todo el equipo fiscal… Me siento muy satisfecha del trabajo de los fiscales”.

A principios de este mes trascendió una circular de la Policía Nacional Civil, según la cual esta institución no podía brindar apoyo a ningún operativo solicitado por fiscales sin que tuviera el visto bueno de Porras. A los pocos días quedó claro que tal instrucción no había afectado las normales y necesarias interacciones entre diversas fiscalías y fuerza policial, con excepción de la Feci, a la que sí se le aplicaba el filtro, lo cual dejaba entrever nuevos desacuerdos.

Finalmente, ayer, la fiscal general anunció la remoción de Sandoval, así como a su sustituta, a través de un comunicado de prensa en el cual expone varias motivaciones, entre estas “falta de confianza” y el haber sido víctima de “irrespeto” y “vejámenes”, lo cual pone en relieve un tinte más bien personal a la decisión. De existir tales elementos, lo más coherente habría sido la presentación de una denuncia penal, o en todo caso la apertura de un proceso disciplinario, tal como lo estipula el reglamento interno del MP.

Las reacciones no se hicieron esperar entre los grupos y sectores que atacan o apoyan el trabajo de la Feci. Unos aplauden la decisión de Porras y la enmarcan dentro de sus potestades; otros la señalan de proseguir un paulatino desmantelamiento de esfuerzos contra la corrupción y la impunidad, a través de la sustitución de fiscales independientes por otros, afines. La polémica no se ahogará el fin de semana, como quizá podría o querría esperarse al anunciar tal remoción un viernes por la tarde. El propio Sandoval anunció que objetaría el despido y señaló la obstaculización de pesquisas que podrían tocar intereses en el Ejecutivo, lo cual explicaría su precipitada expulsión.

Sin duda, a quien más tomó por sorpresa el súbito despido fue a la cúpula de seguridad hemisférica de Estados Unidos, cuyos funcionarios expresaron reiterados respaldos a Sandoval durante las sucesivas visitas que han efectuado al país en el último año. Juan González, asesor directo del presidente Joe Biden, cuestionó la medida de Porras al preguntarle a qué está jugando.

Es necesario resaltar que lo más importante es la institucionalidad y no las personas, pero esto no solo abarca a Sandoval, sino también a la propia fiscal general, y a todo servidor público. Cabe esperar que la nueva titular de la Feci prosiga debidamente los procesos contra exfuncionarios, políticos y operadores vinculados con actos ilícitos. Lo mismo vale decir de las pesquisas aludidas por Sandoval, quien había anunciado recientemente averiguaciones sobre el contrato ruso. Es claro que ya comenzó la cuenta regresiva del último año del período de Porras al frente del Ministerio Público y es perceptible una subrepticia carrera por dicho cargo, pero en todo caso un despido como este, en estas circunstancias y tras tantos elogios, cataliza más dudas y descontentos.